Desde las usinas del poder vienen desplegando una intensa propaganda alrededor de los 40 años de democracia, los cuales deberíamos festejar. ¿Hay motivos para celebrar? Lo que falta, ¿son deudas de la democracia o son cuestiones que esta democracia no puede resolver? En esta nota compartimos la situación de clase obrera que sufre un verdadero genocidio por goteo, producto de las condiciones de trabajo que el propio capital impone y que la democracia avala. 

Otro pilar fundamental sobre el cual se apoya esta democracia burguesa estructurada bajo la lógica capitalista es la explotación obrera, entendida como la apropiación en forma privada de la riqueza que genera trabajo socialmente producido. Independientemente de las formas de contratación que cualquier empresa hace sobre un asalariadx, de lo que se trata es de producir -bienes o servicios- al menor costo posible de manera que la ganancia patronal sea mayor. Esto es fácilmente visible teniendo en cuenta la relación salarios-ganancias patronales, pero también abarca las condiciones en las que se realiza ese trabajo. La ampliación de ganancias capitalistas va necesariamente de la mano de peores condiciones de seguridad e higiene (ropa de seguridad, señalización, ritmos de trabajo, etc.) y un deficitario mantenimiento de las instalaciones y/o de la maquinaria. Esto, que desde la óptica patronal es un «ahorro», desde la óptica obrera son riesgos concretos para la salud y la vida. De más está decir que todas estas circunstancias pueden existir porque la dictadura del capital que se impone portones adentro de cualquier fábrica cuenta con el visto bueno del Ministerio de Trabajo. Y esto es una constante gobierne quien gobierne, en nuestro país y en todo el mundo.

Desde el espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL, espacio unitario creado a partir de las muertes en 2016 de David Ramallo (Línea 60), Diego Soraire (INTA), y Richard Alcaraz (Construcción) y que puso en pie un observatorio propio a partir de 2018) se colocó en el debate público las muertes obreras en ocasión del trabajo, a las que suelen llamarse “accidentes”, pero que son absolutamente evitables. «Si son evitables, no son accidentes», insisten. Haciendo visible esta realidad, socializando información y experiencias de organización en los lugares de trabajo para enfrentar esta problemática de clase, desde BAL venimos desarrollando un trabajo militante para poner en agenda la realidad diaria de las muertes de lxs trabajadorxs. 

En su Informe Anual de 2018 registraron 375 asesinatos laborales. En el del año 2019, denunciaron 534 asesinatos laborales (una muerte cada 14 horas). Esta cifra se vio incrementada en el 2020, año de la pandemia del COVID-19. 1.295 trabajadorxs murieron víctimas de asesinatos laborales (una muerte cada 7hs). De esa cifra, 985 fallecieron por contraer COVID en sus lugares de trabajo. 

En el anuario 2021-2022 presentado en el día de ayer actualizaban la información: en los últimos cinco años murieron 5041 trabajadorxs por razones laborales. En 2021 lo hicieron 3330 trabajadorxs (dato que incluye las muertes por Covid-19, enfermedad profesional no listada) y en 2022, 492.

Esta organización denuncia también que todo esto sólo es la punta de un iceberg. En primer lugar, porque la SRT (Superintendencia de Riesgo del Trabajo, organismo estatal que debería controlar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo) no toma en cuenta a lxs trabajadorxs no registradxs. A la vez, existe un subregistro de las muertes por enfermedades profesionales. La OIT (Organización Internacional del Trabajo) estipula que, a nivel mundial, se producen más muertes por enfermedades profesionales que por los mal llamados accidentes laborales. En este sentido, la SRT sólo registra que el 3% de las muertes en los lugares de trabajo se han producido por enfermedades laborales, pero la cifra de casos es mayor. 

Por eso, BAL estipula que, si se tomaran en cuenta las muertes de lxs trabajadorxs que no están registradxs, más las muertes por enfermedades laborales, las cifras que suelen denunciar en sus informes podrían duplicarse e incluso triplicarse. 

Con los registros de los últimos años realizados por BAL, más los registros que se pueden rastrear años atrás, desde el retorno de la “democracia” a la fecha, podemos concluir que los asesinatos laborales han sido una constante a lo largo de los años, develando la existencia de una maquinaria de muerte obrera que claramente tiene una responsabilidad: en primer lugar, por parte de las patronales que anteponen sus ganancias a la vida de lxs trabajadorxs; por parte de los distintos gobiernos de turno (en muchos casos cumpliendo el rol de patrones como es el caso de los estatales), al carecer de una verdadera política para que los asesinatos laborales no sean moneda corriente; y a la vez por parte de las burocracias sindicales que, a través de los años, han dejado pasar esto casi como un hecho natural, y no han dado una orientación general a la clase obrera para dar una pelea por las condiciones de trabajo y la salud.

Es que, más allá del ropaje democrático, hay un sistema capitalista de explotación que no valora la vida humana, que ocasiona en forma sistemática muertes obreras -incluso están calculadas en el coste de producción por las patronales-, lo cual demuestra que esta democracia organizada socialmente en clases es profundamente antiobrera.

Ni hablar que en el grueso de las empresas no se vive ninguna fiesta democrática sino más bien todo lo contrario: se ven verdaderas dictaduras del capital. En efecto, organizarse, sindicalizarse, luchar por mejoras salariales y laborales para lxs compañerxs es un escollo real y siempre como riesgo directo asoma el despido.

PRC, 03/02/2023.