Una experiencia inédita en la historia de nuestro país. Sobre una crisis económica y social en la que ya naufragaba el gobierno de los Fernández, la versión neofascista local logró ganar las elecciones y, en solo tres meses, generar 2 millones de nuevos pobres. Reaccionarios en lo político, ultraliberales en lo económico, con poca representación en el resto de los poderes del Estado y sorprendentemente torpes a la hora de gobernar, son los rasgos fundamentales de la gestión de Javier Milei. Compartimos algunas reflexiones a 100 días del gobierno “liberfacho”.

Algo más que un ajuste

A los 5 minutos de asumir, todas las promesas que hacía el presidente de La Libertad Avanza acerca de que el ajuste lo pagaría la casta política se esfumaron. La devaluación del peso, la inflación y la desregulación del mercado (obra sociales, naftas, tarifas, productos de consumo masivo, etc.) licuaron rápidamente el salario real haciendo que el costo del ajuste cayera sobre nuestras espaldas.

Pero los planes del gobierno van más allá. A diez días de ser gobierno, por cadena nacional Milei anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia (ver acá). Un compendio de unos 390 artículos que tienen como objetivo central redefinir la relación entre las clases sociales en nuestro país. Favorece a los capitales más concentrados y plantea un retroceso de derechos laborales, así como restringe fuertemente la posibilidad de manifestarse.

Solo un par de semanas más tarde, desde presidencia enviaron el proyecto de la ley ómnibus. Esta vez un paquete de 664 puntos que apuntaban a una profunda reforma liberal. Complementaria al DNU, terminaba de delinear lo que desde la perspectiva del gobierno era una nueva refundación de la Argentina, pero desde la perspectiva laburante era un ajuste clásico combinado con un favorecimiento explícito a todas las grandes patronales y el capital financiero. Achicar el gasto público en todas las esferas del Estado, privatización de empresas estatales, mayor desregulación económica, la posibilidad de blanquear capitales no declarados, la posibilidad de no pagar indemnizaciones por despido, aumentar el tiempo de trabajo a prueba, quita de multas por trabajo informal, así como un protocolo anti protesta, anti huelga y anti piquete y, entre otras cuestiones, otorgar al ejecutivo facultades extraordinarias para legislar sin el parlamento. Un ataque frontal y autoritario a lxs trabajadorxs como no se vio en los últimos 40 años de historia de nuestro país. 

Una crisis acelerada y autoinflingida

El gobierno a caballo de un dogmatismo ideológico infantil, intentó avanzar sin negociar con ningún sector (salvo al que beneficiaba directamente) argumentando que contaba el apoyo del 56% de la población. Más allá de lo endeble del argumento (ver acá), no se preocupó de construir política de gobierno, planteó sus condiciones, y para quienes planteaban dudas o críticas (aún las más tibias) amenazas, insultos y mentiras por Twitter. De este modo mantiene el DNU vigente y buscó aprobar la ley ómnibus. 

La impericia política y la necedad impiden que Milei logre instituirse como quien realmente puede llevar adelante las reformas que reclaman las patronales y los dos sectores de la oposición (la colaboracionista y la que se indigna por “las formas”).  Fue torpe suponer que a fuerza de aprietes lograría encolumnar la fuerza parlamentaria suficiente. Al recortar la obra pública, no contar con el mismo caudal del impuesto a las ganancias, ni el subsidio al transporte, ni el complemento salarial docente, lógicamente los mandatarios provinciales vieron que más pronto que tarde la crisis social haría temblar la gobernabilidad y se volcaron a defenderla. En muchas provincias volvió el fantasma de los ‘90 y el desastre social que significaron el cierre de ramales ferroviarios, de pozos de YPF y las privatizaciones. Esto tensionó la relación provincias – nación como no se veía en nuestro país desde el siglo XIX.

La crisis institucional entre los diferentes poderes del Estado expresa la puja entre diferentes sectores de las patronales. Si bien tienen acuerdos sobre determinados puntos, como la reforma laboral que reclaman al unísono, o la reforma previsional para quedarse con los fondos de ANSES, o privatizaciones para volver a apropiarse de recursos públicos para aumentar sus ganancias, las formas de llevarlo adelante y los intereses patronales concretos que se afectan entran en contradicción con la reforma ultraliberal. 

Esta crisis por arriba se combinó con la resistencia obrera y popular. Es que ante semejante declaración de guerra con este paquete de leyes antiobreras, los cacerolazos la misma noche del 20 de diciembre primero, el paro general de 12 horas de las centrales sindicales el 24 de febrero y el desarrollo de las asambleas vecinales autoconvocadas después, plantaron bandera rápidamente. La movilización en las cuatro jornadas de tratamiento de la ley ómnibus por parte de las asambleas autoconvocadas del conurbano y Caba, junto a organizaciones de izquierda y sectores del sindicalismo combativo, presionaron en las inmediaciones al Congreso para que no se consumara la faena puertas adentro del parlamento. Finalmente el 1 de marzo la ley ómnibus, que ya había sido demasiado modificada para gusto del gobierno, fue dada de baja por el propio oficialismo.

Las torpezas políticas propias del gobierno de Milei, la tensión con las provincias y la expertis rosquera de la oposición peronista y radical, precipitaron la crisis de la fuerza gobernante que no logra dar pie con bola. Tiran humo peleándose en redes con artistas, ofendiendo a personas con síndrome de down o haciendo proselitismo berreta en una escuela para intentar tapar el desastre económico que comanda (otra vez…) el ministro Caputto y el asesor en la sombra Sturzenegger. La vida se hace más dura para cualquier laburante o jubiladx, mientras el presidente y su pandilla se suben el sueldo. Es cuestión de tiempo para que cada vez más sectores de la población pierdan expectativas en que “lo nuevo” que traía LLA vaya a dar resultados.

Los planes de hambre no pasan sin represión

Como no podía ser de otra forma, la incorporación de la vieja guardia gorila al gobierno de Milei vino de la mano de la represión. Patricia Bullrich -casta entre la casta- a cargo del Ministerio de Seguridad arrancó con su protocolo anti protesta. Las fuerzas federales junto a la policía de la Ciudad tienen piedra libre para reprimir la protesta social.

No es nuevo esto, ya ocurrió durante el Macrismo con esta misma ministra. La estrategia represiva del gobierno implica reconocer en los hechos la falta de consenso que este plan de ajuste y empobrecimiento va a tener a la larga.

Para ello montan el show mediático de la represión con operativos de saturación que han sido desafiados en varias oportunidades por las manifestaciones. Es por eso que la policía monta provocaciones en las marchas para forzar situaciones de represión y poder detener en forma arbitraria a compañeres.

Se trata de una campaña de miedo y criminalización de la protesta social orquestada desde el gobierno y pedida a gritos por los personeros mediáticos de las patronales. El objetivo de esta campaña es simple, disuadir a quienes están padeciendo este ajuste de salir a protestar. Las movilizaciones sostenidas hasta aquí son una forma concreta de enfrentar ese objetivo reaccionario del gobierno y a su vez mostrar al conjunto que sí se puede salir a luchar y manifestarse.

Tenemos que echarlos

La bronca y el descontento comenzaron a presionar a las conducciones en cada lugar de trabajo y en los barrios. A pesar de la dirigencia peronista, docentes, estatales, sanidad, ferroviarios, metalúrgicos, universitarios, trabajadorxs de radio, colectiveros, pilotos y aeronavegantes, judiciales, entre otros, ya han realizado paros en sus sectores. La burocracia sindical, como tantas veces, plantea sin discutir con nadie medidas aisladas para descomprimir, pero que no evitan que se caldee el clima social. La quietud general de la CGT y las CTAs, que no convocan a continuar la resistencia con un verdadero plan de lucha es realmente criminal y responde a la subordinación de nuestros sindicatos a la estrategia política del PJ. No hay salida allí, porque seguir esperando sin desplegar en forma contundente la capacidad de la clase trabajadora y el pueblo para aumentar nuestras fuerzas materiales y morales, es hacer exactamente lo contrario. Es decir, debilitarnos.

Como se demostró el 24 de febrero en el paro general de 12 horas o el 8 de marzo en el día internacional de la mujer trabajadora, el camino para derrotar los planes del gobierno es la masividad y la unidad de acción.

Las asambleas barriales, aunque todavía sin la masividad necesaria, dan muestras de que es posible unir en la diferencia, organizar cuestiones como los cuidados colectivos, la salud de quienes marchan y todo tipo de acciones de agitación en los barrios del Amba.

El pueblo trabajador tiene reservas y disposición para luchar. Solo hace falta construir la confianza en las propias fuerzas y en un plan de lucha que plantee con claridad y factibilidad la superación de este gobierno reaccionario, pero sin volver a los “proyectos” previos que nos trajeron hasta acá.

El gobierno dice venir por todo, pues entonces vayamos por todo lxs trabajadorxs.

PRC, 20/03/2024.