Después de semanas convulsionadas por protestas protagonizadas por la llamada  Generación Z en rechazo a la reforma de sistema de pensiones y al autoritarismo del gobierno, a la que se sumaron sindicatos de transportistas y otras organizaciones exigiendo soluciones ante el avance del crimen organizado, el congreso de Perú votó por una cuasi unanimidad la destitución de Dina Boluarte.

Un alto porcentaje de la sociedad no se identifica con ningún partido de todo el arco político y los posibles candidatos no llegan ni al 10% de aprobación. Por eso, los mismos diputados que le permitieron a Dina Boluarte ejercer la presidencia de forma fraudulenta, el jueves pasado a la medianoche votaron su destitución declarándola incapacitada moralmente para dirigir el país. Ahora, con un 95% de desaprobación popular, tanto de Dina como del Congreso, intentan despegarse de su imagen negativa y así tratar de salvar su propia continuidad.

Perú es un caso de estudio en varios sentidos. Desde hace una década ningún presidente puede culminar el mandato constitucional, por una combinación de crisis política en las alturas, que se expresa en el conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo. Desde la presidencia de Ollanta Humala entre 2011 y 2016, ningún presidente logra finalizar el mandato. La falta de legitimidad entre los políticos se expresa en los bajos porcentajes de aprobación: Dina Boluarte se retira con solo el 3% de imagen positiva, que se expresa también en el bajísimo caudal de votos obtenido en las elecciones; Pedro Castillo, último presidente electo, obtuvo en primera vuelta tan solo un 15,3% de los votos frente a un 30% que no fue a votar, siendo ganador del balotaje frente a Keiko Fujimori con un 50,1 /49,9. Actualmente, en la encuesta de intención de voto para las elecciones de 2026 del Instituto de Estudios Peruanos, publicada hace menos de un mes en el diario La República, un 62,7% de los encuestados no menciona a ningún candidato, esto implica que aún no definió su voto o que no piensa votar por nadie (nulo, blanco, ausentismo). En otra encuesta, esta vez de Datum Internacional y publicada en El Comercio, un 80% señala que no ha buscado información de ningún candidato, mientras que el 86% ni siquiera sabe cuándo serían los comicios.

A su vez, hay una aparente desconexión entre el colapso político presidencial y el crecimiento macroeconómico. Entre 2016 y 2024, según datos del Banco Mundial, el PBI ha crecido más de un 50%, a la vez que tiene los niveles de trabajo informal, desigualdad social y corrupción estatal más altos de latinoamérica. En el mismo período, el salario mínimo está estancado en torno de los 250 USD, aproximadamente.

Este es el contexto de las importantes movilizaciones populares, que tuvieron una fuerte alza entre 2018 y 2023, con el pico de enfrentamiento cuando fue depuesto Pedro Castillo a finales de 2022 y que culminaron varios meses después con decenas de muertos por la represión policial. Desde marzo de 2023 se fueron diluyendo las protestas, hasta llegar a este nuevo auge en septiembre/octubre de 2025. ¿Qué condiciones cambiaron?    

A todas las fuerzas políticas les convenía que Dina Boluarte continuará en el poder. El cálculo político de las fuerzas que componen el congreso para destituirla ahora y no antes, está relacionado con el hecho de que Boluarte convocó a elecciones generales en marzo de este año y eso garantiza que no se tenga que disolver el congreso de la República. Esto explica en gran parte porque no fue destituida en los siete pedidos anteriores,  ya que de no estar convocadas las elecciones, su destitución hubiese implicado llamar a elecciones inmediatamente, impidiendo que los congresistas terminen su mandato. 

El entonces presidente del Congreso, José Jeri, fue investido rápidamente y cuenta con el apoyo de quienes respaldaron a Boluarte, es decir, con los armados políticos Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Acusado de violación y enriquecimiento ilícito, no posee ningún atributo moral superior y genera más incertidumbre respecto a la estabilidad del país, pero era el único dispuesto a encarar la presidencia ya que todos apuestan a presentarse en las elecciones convocadas para el próximo 12 de abril de 2026.

La sociedad, de todas maneras, sabe que detrás de Dina Boluarte están los partidos que componen el congreso y que son los responsables de las leyes que debilitan al ministerio público y que favorecen el crimen organizado, las leyes de prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la reforma en el sistema tributario, etc. Por eso sigue movilizada exigiendo la renuncia de todo el parlamento.

A seis días de asumir Jerí, sindicatos, estudiantes y distintas comunidades organizaron una marcha nacional que demuestra que el cambio de figura presidencial no satisface las necesidades de reformas del sistema político y políticas públicas. En la jornada de lucha del 15 de octubre hubo una brutal represión que dejó decenas de heridos y quedó teñida con la sangre de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz (“Trvko”) un rapero de 32 años que fue asesinado por un policía del grupo Terna (Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nacional) vestido de civil, dejando claro que el nuevo gobierno de Jeri es en realidad la continuidad del gobierno represivo de Boluarte, del parlamento corrupto y las fuerzas de seguridad. 

Entre las repercusiones de la ola de movilizaciones, una figura clave que recién asumió como presidente del consejo de ministros, el fujimorista Ernesto Alvarez, adelantó en la mañana del martes 21 que enviarán un paquete de medidas para declarar el “Estado de emergencia” en Lima metropolitana, por lo cual las Fuerzas Armadas podrían intervenir en apoyo a la Policía Nacional y suspender las garantías constitucionales. Este personaje de la extrema derecha ha acusado a quienes protestan de ser “subversivos” y “terroristas”. Por la noche, en un breve video y sin dar mayores detalles, Jeri confirmó esta medida.

Ahora distintos medios progresistas buscan sembrar la idea de que la salida es que los militares le quiten el apoyo a Jerí, asuma un nuevo gobierno de transición con alguien que no tenga una acusación penal, y haya un proceso electoral sin fraude que pueda cambiar la composición mayoritaria del Congreso en abril del año próximo. Para esta perspectiva, la clave de todo es la vigilancia para un “proceso electoral independiente”.

Por el contrario, la consigna de la movilización es “que se vayan todos”, destacando que la crisis es del régimen en su integridad y no de tal o cual presidente o coalición política de derechas. También son cuestionados los gobiernos de centro izquierda, que han demostrado no ser una alternativa para impulsar las demandas del conjunto de lxs oprimidxs. Estos gobiernos también tuvieron sus escándalos de corrupción, que han llevado a presidentes como Alan Garcia y Ollanta Humala a ser condenados, así como el más reciente caso de Pedro Castillo que no cumplió ni una sola de las promesas electorales cediendo ante cada exigencia del parlamento controlado por la mayoritaria coalición fujimorista.

La clave está en continuar movilizándose y organizando una fuerza política desde las bases, en los barrios, las fábricas, las universidades, entre las comunidades indígenas, de forma independiente de todos los partidos del régimen y la izquierda reformista que integra el congreso con una importante fuerza  (aproximadamente 40 congresistas de 130). No hay ninguna salida con los partidos que son parte del régimen aunque se tilden de opositores. 

La tarea es impulsar la construcción de un partido revolucionario, y la coordinación entre todos los sectores movilizados en organismos de deliberación de la clase para unificar un plan de lucha. Una alternativa a este sistema corrupto de hambre y represión narco estatal no provendrá de un recambio gubernamental sino con la ruptura total del régimen constitucional del 93’, la caída del gobierno de Jerí y la disolución del congreso. A su vez hay que prever que en este escenario un sector reformista pueda utilizar la consigna de la Asamblea Constituyente Soberana para llevar la crisis a un carril institucional y desviar las energías revolucionarias del pueblo movilizado, tal como sucedió en Chile luego del estallido en 2019. Para que esta Asamblea Constituyente realmente sea libre, soberana, y no solo una consigna, habrá de ser impuesta en las calles, para abrir nuevas perspectivas a un gobierno obrero, campesino y popular que pueda plantearse la transición al socialismo, única salida real de este sistema de explotación y desigualdades. 

PRC, 25/10/25.