Los crímenes de odio hacia la comunidad LGBTIQ+ se han intensificado dramáticamente en los últimos tiempos. Solo en la primera mitad de 2025 se registraron más ataques contra la integridad física de personas de la diversidad sexual que en todo 2024. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, en Argentina se documentaron 102 crímenes de odio motivados por la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de las víctimas; en más del 50% de los casos, la violencia fue ejercida por personal de las fuerzas represivas en ejercicio de sus funciones.

La crisis que atraviesa nuestro país no es únicamente económica: es una crisis de violencia estatal, profundizada por el odio de clase y por una misoginia institucionalizada. El gobierno de Javier Milei y sus funcionarios no solo difunden discursos de odio, sino que los han convertido en política de Estado, habilitando el ejercicio de la crueldad contra quienes eligen vivir libremente su identidad. Así, las fuerzas represivas encuentran un aval institucional para desplegar distintos tipos de violencia contra la comunidad.

El 23 de noviembre, Samuel Tobares, un joven de 34 años de Villa Parque Síquiman, volvía de trabajar en un hotel de Villa Carlos Paz cuando fue interceptado por la policía y brutalmente golpeado hasta la muerte. Testigos señalan que el ataque comenzó al grito de “puto de mierda”, entre otros agravios, y que Samuel fue arrojado contra el móvil policial, pateado en el piso y golpeado reiteradamente. El sistema judicial, lejos de garantizar derechos, consolida la impunidad: en este caso, los policías Serafín Arce y Franco Sebastián Romero están imputados solo por homicidio preterintencional.

El 18 de noviembre, Treinti, una fotógrafa trans reconocida, fue víctima de un transfemicidio al ser atropellada por un patrullero de la Policía Bonaerense que circulaba sin luces en Ciudad Evita. Los efectivos la cargaron en el mismo móvil, la trasladaron al Hospital Ballestrini y se retiraron. Treinti murió a las pocas horas. La causa está a cargo de la UFI Nº 2 de La Matanza, y los policías Martín Silva y el comisario Oscar Moyano quedaron imputados. Es importante destacar que el caso de Treinti logró hacerse eco gracias a las múltiples denuncias de amigues y familiares en redes sociales y que no recibió cobertura por parte de ningún medio hegemónico.

Sofía Fernández y Fernanda Daniela Arias, ambas mujeres trans, murieron bajo custodia policial en noviembre de 2023 y 2025 respectivamente. En ambos casos fueron detenidas arbitrariamente en la vía pública y encontradas muertas en sus celdas pocas horas después. Nadie se suicida en una comisaría: las muertes de Sofía y de Fernanda a manos de las fuerzas represivas continúan impunes.

Exigimos justicia por Samuel, Treinti, Sofía y Daniela. La violencia ejercida por el Estado contra lxs trabajadorxs, las disidencias y los cuerpos feminizados y trans es un engranaje fundamental del sistema capitalista y patriarcal.

¡Si tocan a unx, respondemos todxs!

PRC, 10/12/25