El referéndum por la independencia de Catalunya efectuado por el Parlamento catalán el 1 de octubre abrió una  crisis institucional, la más importante desde la restauración de la democracia burguesa en 1977. La represión del Estado español y del gobierno de Rajoy provocó un movimiento de masas en respaldo al referéndum y contra la represión.

Catalunya: la demanda histórica

En 2006, el parlamento catalán aprobó un estatuto -como una constitución estadual-, el cual, por órdenes del Partido Popular (PP), el Tribunal Constitucional de España declaró inconstitucional.

En el periodo 2011-2015, el pueblo de Catalunya desarrolló movilizaciones de masas contra los recortes y la austeridad del gobierno de entonces, el partido burgués nacionalista Convergencia y Unión (CiU), que llevaba adelante recortes en el gasto social, en la salud y la educación.

Para reacomodarse, el presidente catalán de ese momento, Artur Mas, se puso al frente del movimiento independentista catalán, que se hizo de masas (millones de personas manifestándose el día nacional de Catalunya) aunque encausado por esa dirección nacionalista burguesa.

Por su parte, el PP (que estaba llevando adelante una política de represión y de recortes al igual que el CiU catalán), se lanzó a ganar votos apoyado en el nacionalismo español reaccionario.

Sin embargo, durante las dos elecciones generales que hubo en el estado español, el Partido Podemos fue mayoritario en Catalunya, que apareció ante el pueblo como una vía -falsa vía- para hacer frente al ajuste y la represión.

En esos fracasos electorales, se fue gestando la contradicción de un movimiento, el cual, por un lado, expresa el rechazo al régimen español reaccionario, y contra la supresión de los derechos del pueblo catalán (representado por Rajoy, la monarquía, el ejército, etc.), pero, por otro, sigue bajo la dirección nacionalista burguesa del Partido Demócrata Europeo Catalán (que antes fuera el CiU).

El actual régimen gobernante en España viene desde 1978 y surge del acuerdo entre el viejo régimen franquista y los partidos PCE y PSOE, con el objetivo de evitar que las movilizaciones anti dictatoriales que se desarrollaban entonces fueran más lejos.

Ese régimen -que se lo conoció como de transición- aseguró la impunidad a los crímenes del franquismo, mantuvo su aparato de Estado, impuso la monarquía borbónica y la bandera española (símbolos del régimen de Franco) y la negación del derecho a la autodeterminación para las nacionalidades oprimidas.

De ahí que el derecho a la autodeterminación es visto, correctamente, como una amenaza al régimen del 78’ en su totalidad. Esto explica la reacción del Estado español al referéndum catalán.

Por último, en 2014 el Estado español prohibió un referéndum sobre la autodeterminación de Catalunya, y el gobierno catalán convocó a elecciones en 2015, que fueron presentadas ante la población como un plebiscito sobre la independencia. Los partidos independentistas catalanes consiguieron la mayoría, aunque no absoluta.

 

El referéndum del 1 de octubre

El último 6 de septiembre, el Parlamento catalán aprobó una ley para convocar un referéndum sobre la independencia: el 1-O. Horas después, el Tribunal Constitucional suspendió la ley, e inició una oleada de represión por parte del Estado español para que el referéndum no se realice.

Los diputados que presentaron la ley fueron imputados; se prohibieron actos públicos fuera de Catalunya en apoyo al referéndum; más de 700 alcaldes catalanes fueron llamados a declarar bajo amenaza de arresto por haberse declarado a favor de organizar el referéndum; los parlamentarios fueron sancionados con multas de €12.000 por día; catorce funcionarios del gobierno fueron detenidos por la Guardia Civil; el Estado español intervino las finanzas de Catalunya; se allanaron imprentas; se prohibió a los medios transmitir publicidad sobre el referéndum; se cerraron las páginas web que lo promovían y sus réplicas en el extranjero; arrestaron activistas que repartían volantes sobre el plebiscito, etc.

Sin duda, se trata del ataque más reaccionario sobre los derechos democráticos fundamentales en cuarenta años (junto a la ofensiva contra los derechos democráticos del pueblo vasco y sus organizaciones). Sin lugar a dudas, la represión dificultó la organización del referéndum, pero al mismo tiempo provocó una respuesta masiva en la calle.

El 20/9, miles de personas resistieron allanamientos de la Guardia Civil a la secretaría de economía local, también a la sede de partidos que están por la independencia, y más de mil personas participaron en una cartelada masiva que la policía fue absolutamente incapaz de frenar.

Además, se comenzaron a formar comités de defensa del referéndum, los estibadores de Barcelona y Tarragona boicotearon los barcos donde se alojaban las fuerzas policiales traídas a Catalunya para evitar el referéndum. Las universidades estaban en paro indefinido, los principales sindicatos, CCOO y UGT, emitieron comunicados contra la represión, y las centrales más pequeñas (CGT, COS, IAC) llamaron a la huelga general en Catalunya el pasado 3 /10.

El PP y el PDeCAT se encuentran en una situación muy compleja: el gobierno español está obligado por la clase que representa a hacer respetar el régimen del 78’. Por su parte, el gobierno catalán no puede retroceder, ya que sería un suicidio político y el movimiento de masas desatado amenaza con desbordarlos a todos.

Por su parte, Podemos e Izquierda Unida tienen una gran responsabilidad, ya que desde hace tiempo vienen defendiendo el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, esta vez no apoyan el referéndum con excusas legalistas, inclinándose por un “referéndum pactado”.

En verdad, tendrían que estar extendiendo la lucha por la independencia catalana a todo el Estado español, como forma de golpear mortalmente al régimen del 78’ y, a la vez, como un primer paso para luchar contra la austeridad y las reformas laborales impuestas en la última década. Por su parte, Podem (la sección catalana de Podemos), apoya el 1-O y llama a la máxima participación.

 

La represión de domingo 1/10 y un salto en la lucha

El referéndum fue tomado masivamente por el pueblo catalán: centenares de escuelas lo venían armando junto a los comités de defensa y espacios autoconvocados (que en su mayoría nuclean organizaciones políticas y sociales, de vecinos, estudiantiles, etc.).

Ante la represión, la ANC (Asamblea Nacional catalana) y Omnium Cultural llamaron a rodear las escuelas, aunque de forma pacífica, con modalidades como un abrazo o sentada. Pero el pueblo no sólo resistió pacíficamente la represión, en muchos casos, hizo retroceder a la policía.

Las centrales obreras mayoritarias nucleadas en la plataforma Taula per la Democràcia (que incluye a UGT, CC.OO y Unió de Pagesos, además de las asociaciones empresariales Pimec y Cecot) se sumaron a la huelga general del  3/10. Pero, al ser una organización de alianza de clases, lo hacen sólo como protesta y con la condición de que las y los trabajadores repongan la jornada caída, salvo quienes trabajan en la administración pública, que pactaron no se les descuente la jornada ni reponerla.

Podemos e Izquierda Unida tuvieron que salir a repudiar la represión. Por su parte, la ANC y Òmnium Cultural ofrecieron luego anular el 1-O si se pacta un referéndum con el Estado.

En resumidas cuentas, con la brutal represión desatada en Catalunya, el régimen del 78’ mostró su verdadera cara: en apariencia, una democracia burguesa (con características propias como el mantenimiento de la monarquía), pero que al fin es una dictadura de clase, un régimen que, a la hora de imponerse, no vaciló en reprimir ferozmente a ciudadanos inermes, cuya única arma era la convicción no ya solamente de independizarse (antes del referéndum la mitad de la población catalana se oponía a la independencia), sino también de expresarse democráticamente.

La represión puso de manifiesto que la política defensiva de la reacción democrática no está garantizando allí la gobernabilidad, y que se avecinan mayores enfrentamientos si el govern de Catalunya declara la independencia.

Y lo que también se puso a la orden del día es la necesidad de organizar y planificar la autodefensa a través de los comités, ya que la indefensión de los catalanes el domingo les costó más de 800 heridos.

Esta política, sumada al pacifismo del nacionalismo burgués de Puidgemont, Jercos y demás dirigentes catalanes, demuestran que sólo la lucha independiente de los comités de apoyo y la clase obrera Catalana pueden poner sobre la mesa una salida real, incidiendo en la aguda crisis abierta no sólo entre el nacionalismo gobernante en Catalunya y el régimen represor de Rajoy,  sino también en el régimen del 78’, la monarquía y el propio estado plurinacional español.

 

El gran mal que aqueja a Catalunya es el capitalismo

Las reformas laborales de 2012/14 y el plan de austeridad golpearon como un mazazo sobre las condiciones de vida y de trabajo no solo de las y los trabajadores catalanes, sino sobre las de todo el pueblo español.

Se trata de planes de ajuste que son consecuencia de la crisis que vive la Unión Europea, y de un neoliberalismo que quiere descargarla sobre las espaldas de la clase obrera y el pueblo trabajador.

Este marco de deterioro es lo que da nuevo impulso a la causa histórica catalana. Pero no es con la independencia que la clase trabajadora catalana lo podrá superar.

El desafío es elevar esta sentida lucha a una lucha anticapitalista. El “nacionalismo” burgués termina en un capitalismo local, y en cuanto pueda se arrojará a los brazos de Berlín y de la Unión Europea.

Para desandar el camino de los planes de austeridad y las reformas laborales, la clase obrera catalana no debe confiar ni un poco en la burguesía de su país. Depositar confianza en las viejas direcciones que ya están pensando cómo acomodarse y llevar las cosas al pantano de la democracia burguesa es un callejón sin salida para este heroico pueblo. Por el contrario, es necesario desarrollar una organización revolucionaria que haga suyas las banderas de la autodeterminación, a la vez que levante un programa de profunda transformación social.

Las y los revolucionarios del mundo tenemos que apoyar el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero tenemos también que decir que esta no será fruto sino de la lucha en las calles, dirigida por los comités de apoyo. En este camino, se debe romper políticamente con la dirección nacionalista burguesa y construir una dirección obrera que luche realmente con métodos revolucionarios y con un programa revolucionario por la independencia catalana, contra la austeridad capitalista, por el empleo, la sanidad, la educación y todos los derechos.

Por último, es fundamental en esta lucha del pueblo catalán, la más incondicional solidaridad de clase del  resto de las y los trabajadores españoles, unificando la lucha contra la monarquía y los planes antiobreros de la Unión Europea, poniendo la unidad de la clase trabajadora por sobre las fronteras nacionales, fronteras que sólo sirven a los capitalistas para mantenernos divididos y explotarnos mejor.

PRC, 06/10/2017.