El régimen económico sigue en crisis:

Debemos señalar que nos encontramos ante una fuerte crisis del régimen político y económico. Estas crisis son paralelas y se retroalimentan mientras se busca imponer un brutal ajuste que implica la pérdida de derechos de la clase trabajadora en su totalidad.

En términos económicos, el gobierno admite, en la voz del presidente de la Nación Mauricio Macri, que se encuentra en emergencia. Pero ante esta emergencia se ensaya nuevamente lo mismo. Por un lado, una política ya conocida y promocionada por los cuadros económicos que responden al FMI, de déficit cero. En los hechos, esta política implica profundizar el ajuste en el Estado, con más despidos, con congelamiento de salarios, cuando no, directamente baja del poder adquisitivo, con recorte de subsidios y transferencia de los mismos a las provincias como en el caso del transporte, asfixiando aún más los presupuestos provinciales. Todo este esquema económico que propone el gobierno, con un nuevo préstamo del FMI implica en los hechos orientar el grueso de la producción de riquezas hacia el pago de intereses de deuda externa y la fuga de divisas.

Es decir, que todas y cada una de  las medidas, como las retenciones a las exportaciones, beneficiadas por la brutal devaluación en curso y el aumento de la tributación de ganancias para los que tienen moneda extranjera, también beneficiados por esta devaluación, implican formas de captar dólares para cumplir con el objetivo de pagar deuda externa y financiar fuga de capitales.

Este programa económico fuerza, a su vez, una fuerte contracción económica hasta que se “estabilice” la economía. Básicamente, que el salario real en dólares haya disminuido, que la burguesía se apropie de una porción mayor de la riqueza que produce nuestra clase, que se flexibilice aún más la contratación de mano de obra, que se elimine la salud y la educación y gratuita pública, que se disminuya la cobertura previsional y la AUH.

Mientras tanto, se abren enormes oportunidades para que los capitales concentrados del mundo adquieran resortes fundamentales de la economía local, estén en manos privadas o sean del Estado.

De esta forma, es que ingresamos en una fase de crisis del régimen económico tal cual lo conocimos en la salida de la convertibilidad, en el cual se focaliza toda la política económica hacia la transferencia de riqueza hacia los capitales concentrados de las potencias imperialistas. La situación de crisis mundial, las políticas de liberalización del movimiento de capitales, la no obligación a que los exportadores liquiden divisas en el país, el brutal endeudamiento en dólares para sostener gastos corrientes en pesos durante dos años por parte de las provincias y el estado nacional se combinan dejando las cuentas públicas al borde la bancarrota, donde la deuda contraída representa más de un 80% del PBI mostrando signos de dificultad de pago en el corto o mediano plazo. Es decir, que enfrentamos una situación de recesión pronunciada, devaluación de más del 100% de la moneda nacional y un aumento de la deuda pública en dólares, esta situación como se ve es insostenible, y se pretende saladar apretando aún más a la clase obrera y el pueblo trabajador.

El régimen político, una junta de negocios de los capitalistas

El Estado, es un Estado de clase. Esto significa que responde siempre, en última instancia a los intereses de largo plazo de la clase dominante. Tensionado por la lucha entre las clases sociales, a veces el Estado privilegia determinadas políticas que atenúan el conflicto social para cuidar los intereses de largo plazo de la burguesía. El famoso “dar algo para no perder todo”.

En este marco de comprensión del carácter del Estado, actualmente, el conjunto de los capitalistas están presionando con éxito la orientación de una política económica que licue el poder adquisitivo de la clase obrera y el pueblo trabajador en favor de las ganancias patronales. Esto es así en cada tarifazo que hemos sufrido, en el robo a los jubilados, en el desfinanciamiento de la universidad pública, en el ajuste en educación y salud, en los despidos en el Estado, etc.

No hay fuerza política patronal que plantee una salida diferente a este escenario. Ningún opositor está dispuesto a decir una sola medida que logre cambiar esta situación. ¿Qué medidas estamos pensando? Básicamente desconocer todas las deudas contraídas por el Estado, romper el pacto con el FMI, nacionalizar el comercio exterior y la banca para controlar las variables económicas centrales del país, la estatización de todas las privatizadas y un plan de obra en escuelas, hospitales, viviendas e infraestructura de transporte para desarrollar el país con una perspectiva obrera y popular, el reparto de las horas de trabajo para acabar con la desocupación y la garantía de que el salario mínimo vital y móvil sea equivalente a la canasta familiar.

Ninguna fuerza opositora al gobierno plantea una salida de este estilo porque simplemente son parte del régimen político. Así, garantizan los negocios de los capitalistas que ellos representan. En este sentido, crece el descreimiento sobre el conjunto de las fuerzas políticas del régimen, que acomodan sus políticas al ajuste en curso. Tanto los gobernadores peronistas, radicales y del PRO aplican la misma política. En los municipios ocurre lo mismo con las fuerzas políticas como el Frente Renovador. Todas estas fuerzas políticas han votado las leyes que le han permitido avanzar a Macri en su plan de ajuste. Asimismo, el movimiento de mujeres y el feminismo ha puesto sobre la mesa que esos partidos políticos contienen todos a representantes del oscurantismo que está en contra de los derechos de las mujeres e identidades disidentes. Lo mismo logró evidenciar el movimiento obrero en diciembre de 2017 al poner sobre la mesa que el congreso nacional está dispuesto a saquear las jubilaciones para beneficiar a un puñado de capitalistas.

Finalmente, las causas de corrupción estatal, que involucran a los principales empresarios y partidos políticos de régimen, son una muestra más de que nada bueno puede salir de estos partidos. Desde la “causa de los cuadernos” hasta la “causa de los aportantes truchos” de Vidal y Macri evidencian que la política burguesa funciona mediante mecanismos que privilegian el enriquecimiento privado, sea de funcionarios que se apropian de coimas, de empresas que logran negocios millonarios mediante la coima o el uso de datos del Estado para blanquear plata negra, es decir, el uso privado por un partido político, de recursos públicos. En todos los casos está de fondo la supremacía del interés privados por sobre el interés colectivo, es decir, la esencia misma del sistema, la propiedad privada como sagrada.

Por una salida obrera y popular

Es necesario plantear con claridad entonces una salida diferente a la continuidad que representan el conjunto de fuerzas patronales.

Las medidas de emergencia para la crisis que proponen los partidos integrantes del FIT y que son parte del acervo histórico de las y los revolucionarios deben servir para propagandizar un programa que dé respuestas a los problemas centrales del país.

Todas las medidas que suponen la centralización de los resortes económicos en manos del Estado apuntan en la dirección de detener la enorme transferencia de recursos hacia los capitalistas y desarrollar un programa de socialización de la riqueza entre quienes la producimos, es decir, la clase trabajadora.

Pero estas medidas no pueden ser pensadas por fuera de un gobierno obrero que pueda implementarlas. Sabemos que ninguna institución de este régimen puede llevar adelante este programa. Por eso, debemos apuntar a desarrollar y desatar la fuerza de la clase obrera y el pueblo trabajador. Las conducciones sindicales siguen jugando a la gobernabilidad bloqueando la participación real de los y las trabajadoras en esta crisis de régimen. Las diferentes versiones del peronismo en los sindicatos van desde el abierto colaboracionismo hasta la espera a 2019. No es de la mano de ellos que vamos a poder imponer un programa de salida de la crisis.

Aún no han aparecido organismos que puedan nuclear a la clase trabajadora como tal, como pudieron ser las asambleas populares de 2001. Por eso debemos continuar la militancia por la coordinación de las luchas, levantando organismos reales de coordinación entre diferentes sectores que permitan desarrollar la organización propia de la clase.

En este cuadro de situación, creemos que debemos profundizar el enfrentamiento con el régimen en su totalidad, ya que cada lucha parcial que damos es en el fondo una lucha política contra el régimen político y económico actual. Fomentar las luchas y la coordinación de esas luchas es esencial pero no alcanza. Por otro, lado la política de exigencia y denuncia a la burocracia sindical cómplice sirve para desgastar a los que frenan la lucha y la organización pero no da salida a un plan de lucha real.

Es por todo esto que creemos que debemos avanzar en una campaña unificada de todas las fuerzas revolucionarias que plantee con claridad la situación de crisis de régimen que atravesamos y la necesidad de darle una salida obrera y popular. Aunar esfuerzos de toda la militancia de las diferentes corrientes revolucionarias en una campaña que plantee la salida de un gobierno obrero y popular sobre la base de asambleas populares que articule las fuerzas del conjunto de la clase. Aún con las diferencias que tenemos entre las diferentes corrientes, debemos poder desarrollar una política común ya que la crisis avanza y no va a esperar. El avance de la crisis sin un planteo unificado de las corrientes revolucionarias termina beneficiando la política de conciliación de clases o, lo que es igual, del peronismo opositor.

Con el fin de  acumular una fuerza social revolucionaria para derrotar este ajuste llamamos al conjunto de la militancia obrera y popular en fábricas,  escuelas, barrios, universidades, hospitales y en todos los espacios de trabajo a discutir estos planteos y poner en pie una fuerte campaña política que parta de las consignas de Fuera Macri y los gobernadores, contra los despidos, salario mínimo igual a la canasta familiar, no al pago de la deuda externa, fuera el FMI, por un gobierno obrero y popular que redefina el sistema económico en beneficio de la clase obrera y el pueblo trabajador. Para ello debemos fomentar las asambleas en cada lugar y las asambleas de coordinación para impulsar esta propuesta.