El inicio de la segunda parte del año en la agenda educativa encuentra nuevamente a la docencia en las calles. Este lunes 3 de agosto se desarrolló un paro nacional convocado por CTERA y por distintos sectores de la docencia combativa, en unidad con trabajadores estatales y docentes universitaries, en un contexto marcado por el deterioro de los salarios, el ajuste presupuestario sobre la educación pública y el avance de políticas que buscan restringir derechos históricos de les trabajadores.

Este paro nacional expresa el enorme descontento de una docencia que no está dispuesta a seguir soportando esta situación. Es importante mencionar que la convocatoria al paro por parte de la CTERA fue producto de la presión ejercida por la docencia y de la persistencia de los conflictos provinciales, y que aún continúa pendiente la convocatoria a asambleas en todos los distritos del país para votar un verdadero plan de lucha nacional. En este sentido, el anuncio de la Marcha Federal Educativa sin fecha concreta es una muestra clara de las vacilaciones de una CTERA que está dejando pasar un ajuste brutal en educación.

La docencia del país en pie de lucha

Durante todo el año, el conflicto educativo se expresó en numerosas provincias. Las huelgas docentes en Santa Cruz, Río Negro, Misiones, Córdoba, Jujuy, Chaco, Catamarca, Neuquén, Tierra del Fuego, Formosa y Entre Ríos, junto con las medidas impulsadas por sindicatos combativos y las movilizaciones autoconvocadas en distintos puntos del país, reflejan un proceso de resistencia que tiene como eje el rechazo a la pérdida salarial, el desfinanciamiento de la escuela pública y el deterioro permanente de las condiciones de trabajo y enseñanza.
En particular, en la provincia de Buenos Aires, la modalidad de medida de lucha de no inicio es un paro de  48 horas, el 3 y 4 de agosto, impulsado por las seccionales Multicolor de Tigre, La Matanza, Bahía Blanca y Marcos Paz, junto con la Lista Multicolor Provincial. A esta medida también se suman Ademys de CABA y otros sindicatos y agrupaciones docentes de oposición. La medida da continuidad al proceso de organización que ya se expresó antes del receso invernal con las masivas jornadas de paro y movilización de los días 14 y 15 de julio, resueltas por el Plenario Multicolor y desarrolladas en diferentes distritos del conurbano y del interior de la provincia. A esas acciones se sumaron los paros de auxiliares en Bahía Blanca, Patagones y Villarino, las medidas conjuntas de docentes y auxiliares en Tigre y distintas iniciativas impulsadas por seccionales de ATE, expresando el crecimiento en los niveles de organización y coordinación entre les trabajadores de la educación.
Es que el gobierno de Axel Kicillof sostiene un rumbo que descarga la crisis sobre las espaldas de les docentes y la comunidad educativa. Mientras se presenta discursivamente como una alternativa a Milei, mantiene salarios de miseria que continúan perdiendo frente a la inflación, no realiza las inversiones necesarias para resolver el grave deterioro de la infraestructura escolar, profundiza el recorte en los comedores escolares (afectando el derecho a la alimentación de miles de estudiantes) y suspendió el Plan Mesa Bonaerense.
A su vez, el gobierno provincial comenzó una política de ajuste sistemático del derecho a las licencias médicas que es una violación del estatuto docente por la vía de los hechos.
A este cuadro se suma una política de ataque al derecho de huelga. La Dirección General de Cultura y Educación ha amenazado con cargar inasistencias injustificadas a les docentes que adhieran a las medidas de fuerza, pese a que existe una medida cautelar dictada por el Tribunal de Trabajo N.º 5 de La Plata que prohíbe aplicar injustificadas a quienes ejercen su derecho constitucional de huelga. Lejos de atender los reclamos de la docencia, el gobierno bonaerense recurre a mecanismos de presión y disciplinamiento que buscan desalentar la organización y el legítimo derecho a la huelga y la protesta.

La ofensiva de Milei contra la educación pública

A esta situación se le suma la ofensiva del gobierno nacional para declarar a la educación como un «servicio esencial», una medida que constituye un grave ataque al derecho de huelga y a las libertades democráticas conquistadas por el movimiento obrero. Bajo el argumento de garantizar la continuidad del servicio educativo, se intenta limitar una de las principales herramientas de organización y lucha de les docentes. En ese marco, el Ministerio de Capital Humano, con Sandra Pettovello a la cabeza, exigió a las organizaciones sindicales garantizar una cobertura mínima del 75 % de las clases durante el paro nacional docente convocado por CTERA, advirtiendo sobre la realización de inspecciones y la eventual aplicación de sanciones. Esta decisión representa un nuevo intento de disciplinar a la docencia y avanzar sobre un derecho constitucional como es el de huelga, profundizando la criminalización de la protesta social.
El ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, en consonancia con las exigencias del FMI, golpea con fuerza al sistema educativo. Mientras se prioriza el pago de una deuda externa fraudulenta y se profundiza el recorte del gasto público, el presupuesto destinado a la educación continúa reduciéndose, los salarios docentes siguen perdiendo frente a la inflación y avanzan reformas que precarizan el trabajo docente y profundizan el vaciamiento de la escuela pública.
En esa misma orientación se inscribe el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el gobierno nacional. Lejos de ampliar derechos, esta iniciativa busca profundizar la mercantilización de la educación, debilitando el papel del Estado como garante del derecho social a la educación y favoreciendo el avance de intereses privados sobre el sistema educativo. Bajo el discurso de la «libertad de elección», el gobierno pretende consolidar un modelo de educación subordinado a las reglas del mercado, profundizando las desigualdades sociales y educativas. Como ya hemos advertido anteriormente, este proyecto constituye un nuevo ataque a la educación pública.

Un conflicto que continúa

La continuidad de estas acciones demuestra que el malestar docente excede una jornada nacional de protesta y plantea la necesidad de profundizar la organización. En ese sentido, las seccionales y agrupaciones de oposición a la burocracia sindical Celeste sostenemos que la lucha debe desarrollarse mediante asambleas, plenarios de delegades, movilización y unidad con la comunidad educativa para conquistar un aumento salarial de emergencia, mejores condiciones de trabajo, mayor presupuesto para la educación pública y la defensa irrestricta del derecho de huelga.
Asimismo, el 6 de agosto está convocada una movilización contra el proyecto de ley de extranjerización de las tierras impulsado por el gobierno de Milei. Este proyecto profundiza la entrega del territorio nacional y de los bienes comunes a los intereses del gran capital, consolidando un modelo de saqueo de los recursos estratégicos y de pérdida de soberanía. Pretenden convertir el patrimonio nacional en mercancía al servicio de los grandes grupos económicos. No lo podemos permitir y las centrales sindicales como la CGT y las CTAs deberían convocar al paro nacional.

Por un verdadero plan de lucha nacional

La fuerza demostrada por la docencia en las distintas provincias debe transformarse en un plan de lucha nacional. El paro del 3 de agosto y la continuidad de las medidas en la provincia de Buenos Aires expresan que existe disposición para enfrentar el ajuste; el desafío es que esa fuerza se organice democráticamente desde las escuelas y no quede subordinada a acciones aisladas o meramente testimoniales.
Por eso es necesario impulsar asambleas en las escuelas, reuniones y plenarios de delegades para que sean les docentes quienes definan democráticamente la continuidad de las medidas y construyan un verdadero plan de lucha nacional. La convocatoria a una Marcha Federal Educativa debe tener una fecha inmediata y formar parte de un proceso sostenido de movilización con medidas de fuerza, articulado con el conjunto del movimiento obrero y popular.
La defensa de la educación pública es fundamentalmente una pelea contra el programa de ajuste que descargan el gobierno nacional, los gobernadores y el FMI sobre la clase trabajadora en general. En este mismo sentido, la lucha contra el desfinanciamiento educativo está íntimamente ligada a la defensa de la soberanía nacional frente a las políticas de entrega y saqueo de nuestros recursos y territorios por parte de grandes grupos económicos.
Fortalecer la organización desde las bases, coordinar las luchas y sostener la movilización son condiciones indispensables para enfrentar esta ofensiva y conquistar las demandas de la docencia y de toda la comunidad educativa.
Es imperioso unir todas las luchas en curso mediante la organización y la movilización para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores contra la educación pública, los derechos laborales y la soberanía nacional.

PRC, 03/08/26.