El jueves 6/8, los senadores entreguistas dieron media sanción a la llamada Ley de “inviolabilidad” de la propiedad privada. El resultado de la votación fue 37 votos a favor y 33 en contra, una votación ajustada, que evidencia el desgaste de La Libertad Avanza en el senado y que fue condicionada por el rechazo social a esta ley con la que la casta pretende vender nuestra tierra y nuestros bienes naturales al mejor postor y facilitar la especulación de los negociados inmobiliarios.

El proyecto (tanto el original como el que finalmente se aprobó) coloca la defensa irrestricta de la propiedad privada en el centro del programa del Gobierno nacional y de su concepción de la “libertad económica”. En realidad, la propiedad privada de los medios de producción concentra la riqueza y el poder en pocas manos, mientras millones de trabajadores, que somos quienes producimos la riqueza social, nos vemos despojades de todo.

Una vez más, estamos frente a un proyecto que expresa con claridad la orientación del Gobierno de Milei: profundizar un ajuste brutal para garantizar los intereses de las patronales, los grandes empresarios y el FMI, avanzando en un modelo neoliberal donde la oferta y la demanda regulen libremente la economía. Bajo esta lógica, la tierra, la vivienda y los bienes naturales dejan de ser derechos y bienes indispensables para las mayorías y pasan a ser tratados como simples mercancías, subordinadas a la especulación y a la acumulación del capital.

Con la reforma laboral ya vimos cuál es el rumbo que vinieron a imponer: avanzar sobre los derechos fundamentales de nuestra clase y acentuar un modelo de precarización y explotación que busca retroceder décadas en materia de derechos laborales, hasta colocarnos en condiciones cercanas a la esclavitud.

Pero hay algo que el Gobierno no puede ocultar: cuando les trabajadores nos organizamos,  cuando las organizaciones sociales, ambientales, campesinas, indígenas y populares salimos a la calle para denunciar públicamente el contenido de estas políticas y cuando se construye una fuerza capaz de enfrentar al poder económico, la casta tiene que retroceder. Por esta razón, se eliminaron dos capítulos durante el tratamiento: el Capítulo III, que incluía modificaciones vinculadas con la compra/extranjerización de tierras y el Capítulo IV que planeaba modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

Cómo afecta lo votado a quienes alquilan

Si bien se frenaron algunos capítulos, el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada pasó la votación en senadores y se mantienen las modificaciones en lo que respecta a alquileres. El texto propone cambios que podrían hacer más rápidos los procesos de desalojo de inquilinxs, especialmente en los casos en los que existe falta de pago. Además, ante una situación de falta de pago, el propietario podría intimar al inquilinx a regularizar la deuda antes de iniciar el proceso judicial. En determinadas circunstancias, también podría solicitarse el desalojo de la vivienda antes de que finalice el juicio.

El proyecto contempla, además, nuevas formas de notificación, como el uso del correo electrónico cuando este figure en el contrato de alquiler. También establece mecanismos para hacer efectivo el desalojo, incluso con intervención de las fuerzas represivas.

Cómo venimos denunciando, este proyecto representa un retroceso para las personas que alquilan una vivienda y que hoy en día hacen malabares para poder pagar su alquiler ante la situación de precariedad laboral, salarios de miseria y una inflación galopante.

La tierra, ¿para quién?

La concentración de la tierra no comenzó con Milei. Es una característica histórica del capitalismo argentino: grandes extensiones territoriales permanecen concentradas en pocas manos, mientras millones de trabajadores, campesinos y comunidades enfrentan dificultades para acceder a la tierra y a una vivienda digna.

La actual Ley de Tierras Rurales establece límites a la titularidad extranjera: entre otras restricciones, fija un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional y provincial. Además, establece límites adicionales para determinados propietarios extranjeros.

La experiencia histórica demuestra que cuando se profundiza la mercantilización de la tierra y la vivienda, quienes tienen mayor capacidad económica terminan acumulando más. La concentración de la tierra tiende a reproducir la riqueza.

Por eso, rechazamos cualquier intento de debilitar las herramientas que permiten proteger nuestro territorio y nuestros bienes comunes.

En este marco, creemos que es necesario poner en cuestionamiento que la tierra sea acumulada por multinacionales y grandes terratenientes, nacionales o extranjeros, mientras les trabajadores somos expulsades hacia las periferias urbanas y las comunidades originarias tienen que dar su vida en la defensa de sus territorios. La tierra no puede ser una mercancía más, es un bien común, estratégico para la soberanía, la producción y la vida de nuestro pueblo.

Si bien el proyecto tiene media sanción aún no se constituye como ley. Es importante que podamos organizarnos para manifestarnos el día que se trate en diputados para expresar nuestro repudio y que se caiga completa.

Repudiamos la represión

Además de rechazar la ley, expresamos nuestro más enérgico repudio a la represión contra quienes nos movilizamos. El accionar de las fuerzas represivas el jueves 6/8 demuestra una vez más que las medidas antipopulares de los gobiernos solo pasan con represión.

La protesta social no es un delito. La historia del movimiento obrero demuestra justamente lo contrario: cada derecho conquistado fue producto de la lucha colectiva. Mientras la fuerzas represivas intentaban coartar la movilización hubo resistencia a la represión en diferentes puntos. Es importante destacar esta resistencia que es clave para continuar el proceso de movilización contra el gobierno.

Por eso, nuestra perspectiva es defender la tierra para quien la trabaja, exigir vivienda digna para quien la necesita, y plantear que los bienes naturales no pueden ser el botín de las multinacionales y los grandes grupos económicos, sino que tienen que estar al servicio del pueblo. La economía debe estar organizada en función de las necesidades sociales y no de la ganancia privada.


LA TIERRA NO SE VENDE. SE DEFIENDE
LOS DERECHOS SE DEFIENDEN EN LA CALLE
BASTA DE AJUSTE Y REPRESIÓN

PRC, 09/08/26.