Por orden del juez Raúl Gutiérrez, detuvieron a la dirigente de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, bajo acusaciones de instigación a “cometer delitos” y “sedición”, en el marco de una protesta llevada a cabo por diversas organizaciones sociales jujeñas a través de un acampe frente a la Casa de Gobierno provincial desde hace más de un mes.

Según el razonamiento del juez, cualquier intento de protestar en oposición a una norma o resolución del gobierno podría implicar el delito de “alzarse públicamente para impedir la ejecución de una ley o resolución nacional o provincial”.

Así, le aplican en este caso a Milagros Sala la Ley Antiterrorista, votada por el kirchnerismo a pedido del imperialismo, legislación cuyo objetivo siempre fue la de perseguir a los luchadores.

La represión en Jujuy es continuación de las brutales represiones contra los trabajadores de Cresta Roja y los estatales de La Plata. El Gobernador Gerardo Morales planteó que, en la provincia, se acaban los cortes y las protestas “desmedidas”, en consonancia con la vicepresidenta Micchetti que, luego de la represión en Ezeiza a los obreros de Cresta Roja, dijo que “Si se vuelve a cortar una ruta, vamos a volver a trabajar de la misma manera».

Esta política de judicialización de la protesta social no debemos olvidar que es heredada del Kirchnerismo, con más de 4.500 causas contra dirigentes sociales y sindicales. Incluida la condena a cadena perpetua de los trabajadores petroleros de Las Heras.

Es que gobiernos que defienden al sistema capitalista muestran que la única grieta real es la que divide a su clase con la nuestra.

Desde el Partido por la Revolución y el Comunismo – PRC denunciamos que esta detención es un avance sobre los trabajadores para intimidarnos en las luchas que vendrán.

Frente a ello, tenemos que responder todos juntos, sin sectarismos, y pedir la libertad de Milagros Sala así como la de todas aquellas compañeras y compañeros presos por luchar y decirle no a la criminalización de la protesta social.