En las últimas horas, el senado nacional, con los votos del FpV, el peronismo no kirchnerista y partidos provinciales, acaba de aprobar una ley que prohíbe a las empresas privadas y organismos públicos despedir empleados por 6 meses y, luego de ese plazo, impone la doble indemnización en caso de despidos.

La norma ya ha provocado polémica y, en caso de aprobarse en diputados (donde la cuestión está más peleada debido a las internas del massismo), el presidente Macri ya anunció que la vetaría.

No negamos que dicha ley pueda servir como maniobra política para arrinconar al macrismo, que no puede oír ni hablar de cuestiones que limiten el derecho de los empresarios para decidir sobre sus “recursos humanos”, así como de elemento de presión por parte de los trabajadores/as.

Pero debemos ser conscientes que ninguna ley del parlamento burgués puede cambiar la situación de la clase trabajadora en sus lugares de trabajo más que la organización obrera y su capacidad en los hechos de imponerles condiciones a los patrones.

Esta situación la saben también los kirchneristas y otros pejotistas. Por eso no tienen problemas en proponer estas leyes ahora que no están en el gobierno, pero que no demuestran la misma actitud para impedir el ajuste en curso en diferentes niveles. Los trabajadores/as debemos aprovecharla, como al resto de la legislación laboral, pero conociendo sus limitaciones.

Solo la lucha puede impedir que haya despidos, tanto entre los trabajadores/as en blanco como entre aquellos compañeros/as que se encuentran marginados por la ley ya que están precarizados y en negro.

Sin lucha, no sólo habrá despidos sino que se profundizará la pérdida de nuestros derechos. Como cada vez que hay problemas laborales aparecen quienes dicen que la culpa es de los elevados costos laborales y proponen profundizar la flexibilización, pese a más de 20 años de experiencia que muestran que, con menores derechos, el desempleo y el trabajo en negro siguen adelante.

Cambiemos propone una plan de empleo joven consistente en que si las empresas toman empleados menores a 24 años no deberán pagar cargas sociales por seis meses. Esto no sólo no soluciona los problemas laborales de los mayores de 25 años, sino que pone en riesgo a los mismos que podrían ser reemplazados por jóvenes, naturaliza un nuevo avance flexibilizador supuestamente temporal, pero que es de los que suelen llegar para quedarse, y es una nueva transferencia a favor de las patronales (como la eliminación de retenciones o el aumento de las tarifas).

Como nos demuestra la experiencia, sólo la unidad del conjunto de la clase, en blanco o negro, por agencia o efectivos, jóvenes o mayores, puede poner límite a la codicia de los patrones y sus representantes gubernamentales.