Más continuidades que rupturas

Las políticas de Cambiemos en educación se insertan en la lógica neoliberal de fragmentación y mercantilización de la educación, iniciada a gran escala desde la dictadura cívico militar, profundizada por el menemismo y aggiornada por el kirchnerismo.

 paro-docente

Durante la dictadura cívico militar iniciada en 1976 comenzó un proceso de fragmentación social destinado a minar la capacidad de organización y lucha de la clase trabajadora. En simultáneo, el Estado se desprendía vía privatizaciones o transferencia a unidades político-administrativas menores de diferentes funciones. Se trata de un proceso que ocurrió a nivel mundial.

En el plano educativo a nivel local, esto se reflejó en la transferencia de escuelas a las provincias y el aumento de los aportes al sostén de escuelas privadas, en el marco de una fragmentación del sistema en escuelas con acceso a muy disimiles recursos, o sea, tan fragmentada como las poblaciones a las que debía atender.

El primer paso se dio en la dictadura, con la transferencia de escuelas primarias, mientras en los 90´ se transfirieron las escuelas medias y terciarias, siendo corolario de ello la Ley Federal de Educación 24.195 de 1994.

 La era K

Tras la crisis de 2001, la burguesía se dio a la tarea de reconstruir la legitimidad estatal sin atacar las causas de fondo de la fragmentación social. De allí, una escuela formalmente inclusiva pero materialmente fragmentada, donde crecientes índices de escolarización coexisten con subsistemas con diferentes recursos según el nivel socioeconómico de sus alumnos.

Es por ello que la ley de “Educación Nacional”de 2006 ya no habla de la educación como un servicio mercantil, sino como un bien público, y nos apabulla con objetivos rimbombantes tales como calidad, igualdad, construcción de una sociedad justa, de una ciudadanía democrática, de un desarrollo económico social, de formación integral, etc. Nos habla también de un Estado garante de condiciones materiales y culturales de calidad para todos, con trabajadores de la educación altamente formados, de articulación con los territorios y los barrios, de la necesidad de las escuelas técnicas, de la experimentación pedagógica, etc.Sin embargo, en lo concreto, observamos que ello no se cumple y es cortina de humo para prácticas no tan igualitarias.

Pero, aún más importante, mantiene los rasgos neoliberales fundamentales, tales como el sesgo normativo. El Estado nacional fija y evalúa la política educativa, mientras se multiplican las instancias burocráticas que deben cumplir los docentes, trabajadores polivalentes que no sólo deben enseñar, sino también ocuparse de la limpieza, la disciplina, las carencias sociales de los estudiantes, atender a los padres. Y si los resultados no son los esperados, serán las escuelas y los docentes los culpables. En fin, un Estado que no se hace cargo, pero que sí evalúa para deslindar la responsabilidad sobre las consecuencias de su accionar, ya que él es el que lleva adelante las políticas de fragmentación.

A su vez, la fragmentación en escuelas con diferentes recursos se conectan con otro elemento neoliberal, la mercantilización, ya que en las leyes K se habla de “libre elección” según diferentes idearios, así como de formación “integral”, lo que ampara los crecientes subsidios a la educación privada, fundamentalmente religiosa, así como el “consumo” de servicios educativos según la procedencia social.

De hecho, el Estado nacional continúa en su rol subsidiario, ya que sigue en manos de las provincias la operatoria del sistema, fragmentando en provincias ricas y pobres. Además, se sigue entendiendo la diferencia entre estatal y privado simplemente como una cuestión de “gestión”, permitiéndose la intromisión de empresas privadas y órdenes religiosas en las decisiones de política educativa. Y encima se continúan las políticas focalizadas, que muchas veces van acompañadas de cada vez más sumas salariales en negro, así como un aumento del rol gerencial de los directivos escolares.

A esto debemos sumar el enorme avance en la precarización laboral y educativa. Tras la noble razón de reparar una deuda histórica con los sectores más vulnerables de la sociedad, se han abierto innumerables programas nacionales y provinciales que se ubican por fuera de los estatutos y convenios provinciales, pisoteando derechos y precarizando las condiciones de trabajo de los docentes, a la par que precarizando el conocimiento en virtud de la terminalidad.

De esta manera, como en otras áreas, el kirchnerismo sólo vino a reformar en educación las facetas más groseras del neoliberalismo, pero citando a Paulo Fraire.

 El macrismo

No resulta extraño, así, que Cambiemos no tenga problemas con la “herencia” recibida de los K, ya que es compatible con sus propios ideales. De hecho, ya en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han convivido sin problemas con la gestión educativa K en Nación.

Hasta ahora, los anuncios principales han ido en la línea que ya se venía trabajando, en especial en la sucesiva incorporación de sumas salariales en negro, así como la pretensión de implementar evaluaciones estandarizadas a los trabajadores y trabajadoras de la educación.

El anterior ministro de Educación Sileoni afirmaba el año pasado que “Argentina ha desarrollado en los últimos doce años una verdadera política de evaluación de su sistema educativo rigiéndose por nuestra Ley Nacional de Educación[1], mientras el actual ministro Bullrich ha creado el Instituto Evaluador[2]. De ahí que la burocracia sindical kirchnerista haya arreglado rápidamente con el nuevo gobierno allí donde las bases no han podido imponer la lucha. Incluso, el comienzo en tiempo y forma de las clases en los distritos principales es presentado por el gobierno de Cambiemos como uno de sus principales logros en estos meses de gobierno al frente de la Rosada.

¿Qué podemos hacer los trabajadores y trabajadoras?

En primera instancia, debemos exigir la unificación a nivel nacional del conjunto del sistema educativo bajo la órbita estatal, con un aumento real del presupuesto educativo (el cacareado 6% del PBI de la actual ley 26.075 de “Financiamiento educativo” incluye las sumas del sector privado y, aun incluyendo eso, es un presupuesto bajo).

Obviamente, es necesaria la participación de los trabajadores de la educación junto a la comunidad educativa en la confección e implementación de la política educativa. De hecho, luchamos y nos organizamos para conseguirlo en la medida de lo posible.

Pero, aun conquistando eso, sabemos que, bajo el actual orden social, su realización plena es imposible, ya que la descentralización y la supuesta democratización devienen en una profundización de las desigualdades sociales. Sólo a través del socialismo y su consecuencia el comunismo se podrá realizar la igualdad y la libertad, combinando una gestión racional de los recursos globales con la participación democrática del pueblo trabajador.

Revista PRC-Voz Obrera N° 2, Julio 2016.

[1]http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-269684-2015-04-04.html

[2]http://www.infobae.com/2016/02/12/1789684-esteban-bullrich-prometio-crear-un-instituto-evaluar-la-calidad-educativa-todo-el-pais


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