La inversión en personal y armamento tanto a nivel de las policías provinciales como federales, así como de las fuerzas de seguridad, viene incrementándose desde los 90’ en nuestro país, acompañando los procesos de deterioro de las condiciones ocupacionales y sociales. Esto responde a múltiples factores, pero para nuestra clase pone de relieve la necesidad de prepararse para enfrentar la represión de semejante aparato estatal.

El gobierno de Macri ya el año pasado había elevado el presupuesto para seguridad a nivel federal en 1.676 millones de pesos, lo cual implicaba un aumento de 88% en relación al 2015 y del 476% en relación al 2011.

A eso, deben sumarse los desembolsos a nivel de las policías locales. Así, por ejemplo, sólo en marzo de este año se compraron 15.000 pistolas para la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Más allá de la corrupción asociada a esos gastos (como en otros tantos contratos en otras áreas que hace el Estado), debe destacarse la finalidad represiva de la protesta social de esa inversión.

Buena parte de la ampliación del gasto fue para comprar dispositivos que emiten un sonido insoportable para el oído humano y dispersan en pocos segundos a los activistas, así como para otros que disparan chorros de espuma que se solidifica en el acto y enredan a los manifestantes.

Aunque la ampliación constante de las fuerzas represivas utiliza como justificativo una inseguridad de las que esas mismas fuerzas participan (con zonas liberadas, desarmaderos de autos, tráfico de drogas, trata de personas, etc.), el objetivo es dotar al Estado burgués de un poderoso brazo armado para perseguir a quienes intenten organizarse y resistir a los planes de ajuste en curso.

No es novedad

Esta política, aunque amplificada por el actual gobierno ante la necesidad de la burguesía de deteriorar aún más las condiciones de vida de las masas para mantener sus ganancias, en sus fines y en sus justificaciones no es novedosa.

Ya el gobierno anterior, con la excusa de la inseguridad, había ampliado extensamente el aparato represivo, utilizándolo para la represión de baja intensidad diariamente en los barrios como así también para la represión selectiva sobre las protestas y conflictos puntuales.

Así, según sostenían los mismos funcionarios del gobierno anterior, el gasto en seguridad había aumentado  11 veces entre los años 2003 y 2011, creciendo un 90% los efectivos de gendarmería y duplicándose los de la bonaerense.

Esa política llevó a que en 2015, cuando finalizaba el mandato de Cristina Fernández, Argentina tuviese la media más alta de América Latina de policías cada 100.000 habitantes, con 558, cifra que dobla a Estados altamente policializados como Estado Unidos.

Es necesario defendernos

Los aprestos represivos de la burguesía y su Estado requieren que nos prepararnos mejor para no retroceder en las conquistas y las posiciones de nuestra clase.

Ellos vienen ajustando y a la vez se vienen preparando para reprimir y amedrentar la protesta social ante tantas medidas antipopulares.

Avanzar en el debate y en la organización de formas de autodefensa para garantizar el reclamo popular en las calles y protegernos entre compañeras y compañeros se presenta como una necesidad imperiosa de la situación actual de engorde del aparato represivo del Estado.