El ajuste a nuestros salarios vía el aumento de tarifas es una de las armas del plan burgués para Argentina. Derrotarlo se convierte así en una necesidad imperiosa para la clase trabajadora.

Aumentos impagables de tarifas

Una nueva ronda de aumentos de tarifas está siendo llevada adelante por el gobierno.

El transporte subió en febrero y abril y lo volverá a hacer en junio. El gas aumentó en abril un 60% y, si se suma el aumento de diciembre pasado, lleva ya un 100% de aumento, mientras ya se habla de un nuevo aumento para noviembre. El agua subirá este mes un 30%, y la luz un 60% en forma escalonada desde julio.

En promedio, desde 2015 a la fecha, las tarifas han aumentado en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires entre un 400% y un 550% según la zona.

Este brutal aumento se halla muy por encima de la inflación general de la economía y aún mucho más por encima de la variación de los salarios. Por lo cual, el peso específico de los servicios dentro de los gastos de un hogar tipo ha alcanzado el 23% del total de ingresos de una familia.

Estos niveles son los más altos de Latinoamérica junto a Venezuela y Chile.

De allí que hoy en día, según las encuestas y la propia experiencia, los trabajadores ocupados en blanco y de medianos ingresos (no alcanzados por la tarifa social) visualicen en esta cuestión uno de sus principales problemas.

El circo parlamentario

En medio de la polémica por las tarifas, en el Congreso se ha presentado un proyecto opositor para congelar las tarifas a niveles de noviembre último, a lo cual el oficialismo ha respondido con burdas maniobras burocráticas a la hora de interpretar los reglamentos que regulan el funcionamiento de las cámaras.

Sin embargo, la clase trabajadora no debe fijar expectativas en lo que de allí pueda salir, ya que la mayoría de esos diputados y senadores responden a gobernadores peronistas k y no k (Bordet, Weretilnek, Manzur, Schiaretti, etc.), que ya han arreglado el aumento de tarifas cuando a fines de 2017 en el Congreso se aprobó el Pacto Fiscal hasta 2023 (además de la confiscación a jubilados y beneficiarios de la AUH).

Tampoco debemos dejarnos engrupir por las supuestas rebajas de impuestos incluidos en los servicios que ha estado anunciando el gobierno, ya que las mismas no implicarían una disminución superior al 2% sobre el precio final.

Que renuncie Aranguren

La permanencia como ministro de Aranguren, pese al escándalo de tener intereses en Shell (una de las empresas beneficiadas por los tarifazos), expresa la impunidad con que cree moverse la burguesía en este terreno.

Lograr su renuncia pondría un límite visible a la capacidad de acción de la burguesía y demostraría el poder de la movilización de nuestra clase. Sin embargo, no debemos creer que la solución se encuentre en un simple cambio de nombres.

Como vemos, el ajuste constituye una política del conjunto de la burguesía, que se expresa a través de los diferentes partidos políticos de gobierno que le responden.

La movilización es nuestra herramienta

El gobierno dice que deben aumentarse las tarifas para poder invertir en mejores servicios. Pero la realidad es otra: las empresas no invierten y se roban nuestro dinero. De hecho, el mismo gobierno que dice no tener plata es el que hace unos meses le rebajó los impuestos a las patronales.

La realidad es que el ajuste es una política de la burguesía para relanzar sus ganancias a costa nuestra.

Por eso, la esperanza de ponerle un freno sólo puede venir de nuestra propia organización y movilización, buscando impedir que nuestra clase sea la que pague los platos rotos y, a su vez, logrando que el dinero vaya realmente a las inversiones que se necesitan, lo cual sólo se puede lograr con el control efectivo y la gestión por parte de la clase trabajadora de los servicios públicos.