La crisis política en el país centroamericano continúa su curso: más de dos meses de levantamiento popular en un cuadro político cada vez más complejo, que surgió como respuesta social a la aplicación por parte del gobierno de Ortega de una medida antipopular dictada por el FMI: la reforma previsional. El descontento popular, absolutamente legítimo ante tamaño ataque, viene siendo, hasta aquí, capitalizado por una fracción de la burguesía que pretende dirimir su interna con el gobierno sandinista. Es necesario y urgente construir una salida política propia de nuestra clase.

¿De dónde surge la actual crisis política que atraviesa el país?

El gobierno sandinista de Ortega-Murillo ha tomado en sus manos la agenda imperialista. Decimos esto al entender que el pacto que de hecho se expresa entre la movilización popular genuina y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), representante de la burguesía nicaragüense, ha llevado al régimen que se presenta como nacional y popular a una agenda de ataque a a la clase trabajadora y al pueblo en general.

El gobierno de Ortega, además, ha firmado un acuerdo con el FMI, evidenciando que no propone una salida alternativa a la de otros gobiernos de “derecha” y “populistas” de Latinoamérica o Europa.

En el contexto de estos acuerdos contraídos por el gobierno de Ortega, es que el 16 de abril pasado sancionó el decreto de reforma previsional, bajando las jubilaciones y aumentando los aportes. Fue esta medida, de contenido reaccionario y antipopular, la que desató la rebelión popular en Nicaragua.

Una situación compleja

Sin embargo, esta rebelión popular tiene una dirección política contraria a los intereses que podría representar.

La lucha contra la reforma jubilatoria, la lucha contra el canal inter-oceánico, la lucha por una reforma agraria, no puede ir de la mano de los empresarios de COSEP y el Vaticano. Por eso, decimos que la rebelión se inicia con un contenido progresivo, pero que su dirección política le imprime un contenido regresivo.

El escenario entonces se vuelve más complejo. Un gobierno que se dice “progresista”, pero que expresa una política reaccionaria, subordinada al imperialismo y a los empresarios. Por otro lado, un movimiento de resistencia a ese contenido antipopular, pero que, en su dirección, es capitalizado por las fuerzas de un sector de la burguesía, que pretende zanjar la disputa interna con la fracción política de Ortega.

La represión del gobierno de Ortega

Ante semejante y sostenido movimiento popular de resistencia, el gobierno reculó con la reforma previsional, pero desató una feroz represión sobre la clase obrera y el pueblo trabajador.

Esta represión se ha dado con todas las tácticas del estado burgués. Asesinatos, detenciones ilegales, ocupaciones de pueblos, movilización de paramilitares, emboscadas sobre sectores movilizados y otras tantas tropelías más.

El contenido reaccionario del gobierno de Ortega se muestra en su dimensión total con estos actos de represión. Ante el descontento que generan las medidas de ataque a la calidad de vida de la población, el gobierno responde como el resto de los gobiernos latinoamericanos, sean éstos de “derecha” o “nacionales y populares”: reprimiendo salvajemente al pueblo pobre, a los y las trabajadoras de la ciudad y el campo.

En el marco de estos gobiernos populares, nunca se llevan adelante esos niveles de confrontación contra la burguesía y sus personeros; nunca se llevan adelante medidas que pongan la deliberación y toma de decisiones en el conjunto de la población levantada, para que rompan con esa dirección política de la burguesía local e imperialista, a la que en este caso debemos sumar el Vaticano.

Alianza de clases: la estrategia de la burguesía para el fracaso obrero y popular

En la actual crisis política nicaragüense se condensan los problemas que tenemos las y los trabajadores históricamente y en la actualidad.

La intervención política del movimiento de las masas trabajadoras no puede ser para impulsar a tal o cual fracción de la burguesía. Las alianzas entre la clase trabajadora y la burguesía, de “frente popular”, se han demostrado a lo largo de la historia como una estrategia de la burguesía para abortar el potencial de la clase obrera y el pueblo.

La burguesía a la cabeza impone condiciones, a la vez que impide cualquier avance real de las masas sobre el control de la política y la economía y, tarde o temprano, lleva esa alianza a instaurar reformas antipopulares, que garanticen la maximización de sus ganancias.

Cuando esa “alianza de clases”, a cuya cabeza está siempre la clase capitalista, no puede ya controlar la movilización popular, las fracciones burguesas buscan el recambio por diferentes métodos, sea con golpes de Estado (Honduras), golpes institucionales (Brasil, Paraguay), electoralmente (Argentina), o capitalizando la falta de dirección de movimientos de masas (Venezuela, Nicaragua).

Por su parte, los defensores de los gobiernos “nacionales y populares” -además de subestimar las razones objetivas de la resistencia popular a medidas de claro ajuste como la Reforma Previsional de Ortega-, se encargan de presentar la situación política en forma maniquea: detrás de todo movimiento popular que oponga resistencia a este tipo de gobiernos está el imperialismo. Quien esté contra las medidas de estos gobiernos le hace el juego a la reacción, a la derecha.

Jamás han de aceptar que la entrega de la dirección política a la burguesía es su política, que son ellos mismos los que educan al movimiento de masas a confiar en las instituciones burguesas, las que sólo sirven y pueden servir a las patronales y al imperialismo.

El desafío actual de todos los movimientos de resistencia ante la nueva fase de ofensiva imperialista -en Nicaragua y en cada país- está en construir direcciones políticas propias de nuestra clase, con programas definidos que articulen la lucha económica con la ampliación de las libertades democráticas, pero sobre todo con un planteo claro de que se necesita una salida obrera y socialista.

PRC, 18/07/2018.