Llegando al final de su mandato, el gobierno de Macri se muestra en sus características más esenciales. Se trata de un gobierno débil, sin control territorial, sin ascendencia sobre la clase trabajadora y con un pobre reconocimiento de sus pares de la burguesía.

La crisis económica y política

Como ya hemos señalado la crisis de la argentina de 2018 y 2019 tiene el doble contenido de ser económica y política a la vez. La brutal devaluación del peso durante 2018 y las corridas que ya hay en 2019 sólo muestran a un gobierno que no tiene ningún control sobre las variables económicas y deja que sean los capitales concentrados los que deciden sobre la realidad de millones de trabajadorxs.

La inflación galopante -que está en el orden del 50% anual y que en estos primeros tres meses promedió un 4% mensual-, castiga día a día a todxs lxs que vivimos de un salario, que llevamos acumulado en los 3 años y medio de gestión macrista una pérdida de poder adquisitivo cercana al 12% en promedio.

Ante este escenario económico y de cara a las elecciones, el gobierno hace una pantomima de anuncios “económicos”, planteando básicamente que se siga generando sobreendeudamiento de las familias de jubiladxs y de lxs que cobran AUH vía ANSES, y por otro lado proponiendo un acuerdo de precios por sólo 6 meses en 60 productos de terceras marcas.

La última corrida cambiaria, que devaluó el peso un 9% en una semana, ya hizo detonar el acuerdo de precios esenciales, puesto que las patronales habían insistido en que los precios se mantenían si el dólar se mantenía, por cómo afecta su suba a los costos.

Por otro lado, en los principales diarios nacionales se reflejaba que la corrida contra el peso en realidad era una corrida contra la candidatura de Macri, para activar la candidatura de Vidal.

Mientras los fondos de inversión financieros internacionales van desarmando sus inversiones en Argentina y dolarizan sus carteras para salir del país; mientras comienza a notarse un fenómeno de salida de plazos fijos en pesos que también se dolarizan; mientras el conjunto de economistas de la burguesía plantea que es inviable este programa económico y que los números no dan, los diarios nacionales y las cámaras empresarias juegan a condicionar al partido de gobierno de cara a las elecciones. Todo un síntoma de esta democracia degradada en la que los dueños de las riquezas son también los dueños de los candidatos.

Las patronales quieren más

Ante la crisis económica que se vive, las patronales repiten a coro que se necesita más ajuste del gasto estatal, reforma laboral, reforma previsional y baja de impuestos para las patronales. Básicamente reclaman que se complete la agenda del reformismo permanente del Macri victorioso de octubre de 2017.

En aquel entonces nadie dudaba de que el macrismo iba a completar la agenda de reformas anti-obreras, y que, además de eso, iba a ganar en 2019 la reelección. Tan lejos estamos de aquellos sueños de triunfo eterno de CAMBIEMOS. Es que entre ese momento y el actual emergió una fuerza social real que puso en duda la capacidad política del macrismo de llevar adelante el programa de la burguesía.

El 14 y el 18 de diciembre de 2017 importante sectores de la clase trabajadora ocupada y desocupada movilizaron contra la reforma previsional, enfrentaron en la calle a la policía y gendarmería que buscaban vallar el Congreso para que no se escuche el reclamos de las y los trabajadores. La sesión del Congreso bailó al son de los bombos, los petardos, las piedras, las balas de goma y los gases lacrimógenos.

El 18 de diciembre por la noche se escucharon cacerolazos en diferentes barrios de capital y de conurbano denunciando la represión y contra la reforma previsional; en Congreso nuevamente fueron reprimidos. La alarma se encendió completa: una fuerza social había logrado hacer tambalear la primera de las reformas del reformismo permanente. Seguir en esa línea hubiese significado confrontaciones de masas cada vez más contundentes y el Gobierno de Macri con toda su gendarmería pertrechada y sus policías represoras decidió no avanzar.

Esas jornadas fueron la coronación de un año que ya desde marzo se mostró como convulsionado, cuando el 7 de ese mes (y en medio de la gran huelga docente en provincia de Buenos Aires y de la enorme marcha por el día internacional de la mujer trabajadora el 8), las cúpulas de la CGT se negaron a poner fecha al paro general y tuvieron que huir ante la bronca de lxs manifestantes que tomaron el atril del acto como un trofeo de guerra.

La eclosión de diciembre también disparó la alarma a los sectores que se dicen opositores: si ellos no estaban a la cabeza, las bases irían por sus cabezas. Por ese motivo, rápidos de reflejos, el mismo verano del ’18 el moyanismo encolumnó tras de sí distintos sectores que confluyeron en el 21F, mostrándose, junto a los movimientos sociales conciliadores, como la cabeza de la oposición en las calles.

Sin embargo, el freno a las políticas de reformas permanentes impuesto por el movimiento de lucha es lo que explica que aquellas necesidades patronales tomen la forma de pedidos de Preventivos de Crisis, de ataques a los convenios colectivos de trabajo y a los sindicatos, de aumento en la precarización de las condiciones de trabajo, etc. Es decir, sigue abierta la necesidad imperiosa de las patronales de que un próximo gobierno concrete la Reforma Laboral y Previsional como manera de garantizarse mejores condiciones de extracción de ganancias.

Que se hayan concretado las reformas en este sentido en Brasil presiona aún más esa necesidad a nivel local porque, como es lógico, los capitales se sienten más atraídos allí donde el marco jurídico legal les es más favorable. El fracaso del macrismo en este sentido alimenta la crisis política dentro de la propia burguesía que necesita un recambio efectivo.

La corrida cambiaria y la fragilidad del gobierno

Desde hace un año el Gobierno pierde credibilidad en todos los sectores de la población, mientras la crisis económica pulveriza salarios y sumerge a millones en la pobreza.

La devaluación de más del 100% de la moneda, los tarifazos permanentes por la dolarización de los precios regulados de las naftas, el gas y la electricidad, el aumento de precios de la canasta básica por arriba del 60%, la compra de bonos por parte de la ANSES (descapitalizándola de hecho), son todos datos que evidencian que el gobierno de Cambiemos no tiene ningún plan más que pagar los miles de millones de dólares de deuda externa y financiar la fuga de capitales.

Este programa económico sólo puede llevar a una bancarrota de las cuentas nacionales, lo cual se va a expresar en mayores ajustes durante el próximo gobierno, sea cual sea la fuerza política que lo administre.

La pérdida de popularidad de Macri aparece como síntoma de la preocupación de la burguesía: cómo llevar adelante las reformas si el gobierno no tiene consenso social para hacerlo. De ahí los sueños de una candidatura de Vidal (que no garantiza que Cambiemos gane las elecciones) o la emergencia de Lavagna como candidato. Es la burguesía buscando alternativas para aplicar el plan de fondo que el macrismo no logró aplicar.

En este marco de debilidad surge la pregunta obvia: ¿cómo se mantienen en el gobierno? La respuesta está en el peronismo en todas sus vertientes.

Desde el PJ kirchnerista hasta Pichetto y su PJ Alternativa Federal acuerdan en que la situación se debe dirimir en las elecciones. Las diferentes fracciones de la burocracia sindical siguen aportando a la tregua social firmando paritarias a la baja, evitando los planes de lucha, dejando pasar despidos en la industria. Es decir que no sólo le han votado todas las leyes fundamentales de ajuste de Cambiemos y le han dado la espalda al reclamo del movimiento de mujeres que pedía el derecho al aborto legal seguro y gratuito, sino que además, desde los diferentes movimientos reales de la clase donde son dirección, traban el desarrollo de la bronca y frenan las acciones de lucha.

El peronismo hoy oficia como garantía en último término de la continuidad del ajuste. Es por eso que en sus “propuestas” de cómo salir de esta crisis no plantean una salida de fondo, lo cual implica romper con el FMI, desconocer la deuda externa y volcar la riqueza nacional al desarrollo de la economía mediante un plan de nacionalizaciones de la banca y el comercio exterior y las principales industrias. Sin estas medidas, el ajuste va a continuar, aunque administrado por una fuerza política que, con el consenso de las elecciones, nos va a pedir más “esfuerzos” a la espera de un futuro mejor.

Necesitamos desarrollar la lucha

En este marco, la clase trabajadora necesita desarrollar su organización propia para enfrentar el ajuste ahora y lograr derrotar este plan económico y sus salidas continuistas.

El conjunto de las fuerzas de la izquierda revolucionaria debemos desarrollar un planteo común, unitario, que fortalezca la perspectiva política de la clase ante este panorama, advirtiendo que en las elecciones de octubre no se juega un cambio de plan económico de fondo, sino sólo de lxs administradores de la crisis.

Sobre la base de esa agitación común, debemos fortalecer lazos por abajo entre los sectores de la clase que salen a pelear y que deciden enfrentar el ajuste en la calle, fomentando coordinadoras y acciones unitarias. La disputa con la burocracia tanto la entreguista como la que hoy se plantea como luchadora (21F, CTA, CTEP) es central, pero debemos lograr que esa disputa corra por abajo, ya que también hay bronca legítima en esos sectores.

Si bien las elecciones tienen expectativas en amplios sectores de masas, debemos tener cuidado de no sucumbir en las discusiones meramente electorales. Es necesaria una política de agitación que utilice la campaña electoral como denuncia del régimen político y económico, pero por sobre todas las cosas es necesario un trabajo político común de las organizaciones revolucionarias en pos de desarrollar organización real de la clase trabajadora.