Ley de solidaridad y reactivación: Un nuevo ajuste con nombre pomposo

El gobierno de Alberto Fernández debutó en sus primeros días con una ley de “emergencia”, que contiene 84 artículos que trabajan en dos ejes fundamentales. Por un lado, el establecimiento de las emergencias y el traspaso al poder ejecutivo de facultades legislativas para afrontar la emergencia. Por otro lado, mecanismos que permitan lograr lo que le ministro de Economía, Guzmán, ha explicado como consistencia fiscal, o sea ajuste de las cuentas públicas para mostrar al FMI y a los mercados voluntad y capacidad de pago de la deuda externa.

El ajuste sobre las y los jubilados

La suspensión de la movilidad jubilatoria que estableció la reforma macrista de 2017 es un nuevo capítulo de ajuste. En los hechos, contiene el mismo procedimiento de 2017, cuando cientos de miles nos movilizamos en las históricas jornadas del 14 y 18 de diciembre, mientras muchxs de quienes hoy son oficialismo le levantaban la mano a Macri. 

Durante el macrismo, el ajuste de la fórmula y el puente hasta que se aplicó el nuevo índice generó una pérdida de poder adquisitivo a las jubilaciones del 20% en 2018 y de más del 5% en 2019. La fórmula macrista se ajusta centralmente por inflación pero con un desfasaje de 6 meses. En este sentido, debido a la inflación del 2019, los aumentos de marzo y junio sumarían aumentos del 26%, que no recuperan lo perdido ni empatan la inflación, pero que constituía un piso de aumento importante.

El mecanismo actual de la “ley de emergencia y solidaridad” opera en forma similar a la que en su momento impulsó Macri: suspende la movilidad por 6 meses para presentar una nueva ley de movilidad y deja los aumentos a discreción del poder ejecutivo. La suspensión de la movilidad entonces implica que se van a dar aumentos por debajo de ese piso que establecía la movilidad actual al igual que se hizo en 2017.

Mientras tanto, el paquete de leyes establece dos bonos por única vez en diciembre y enero de $5.000 para las jubilaciones mínimas y sólo para llegar a un haber garantizado de $19.068. Esta lógica de la “solidaridad” es sumamente perversa, ya que presupone que las y los jubilados que ganan más de $19.000 deben ser solidarios con los que ganan la mínima, aunque ambas franjas están casi a la mitad de la canasta de pobreza.

De esta forma, el Estado ahora comandado por Fernández Fernández pretende asegurarse miles de millones de pesos de ajuste sobre el haber jubilatorio, que obviamente va a ser volcado para el pago de la deuda externa. En este sentido, se aumenta a 70% el uso del Fondo de Garantía y Sustentabilidad para compra de títulos de deuda pública, avanzando en el desfinanciamiento de la ANSES y su uso como caja política poniendo en riesgo las jubilaciones futuras.

Por otro lado, la discusión de las jubilaciones de privilegio de políticos, embajadores y jueces puede funcionar como un ariete para apretar los regímenes especiales de jubilación que poseen diferentes sectores de la clase trabajadora. Esta agenda es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que está muy bien que senadores, diputados, gobernadores, presidentes, embajadores y jueces cobren igual a un salario promedio de Argentina, evitando así que la casta política viva una vida de fantasía mientras millones padecemos la miseria planificada del capital. 

Pero los regímenes especiales de jubilación, como el de lxs docentes, se construyen con aportes especiales y responden a las características del trabajo que se realiza, es decir, son resultados de las luchas pasadas. El desfinanciamiento de la seguridad social no puede ser resuelto mediante el ajuste de las jubilaciones y la eliminación de los regímenes especiales de trabajadores y trabajadoras, sino mediante el aumento de los aportes de las patronales. Lamentablemente, la ley de “emergencia y solidaridad” establece la posibilidad de suspensión de aportes patronales, que ya son bajísimos, a diversas empresas, forzando a un mayor desfinanciamiento de la ANSES. 

Retenciones y bienes personales 

El proyecto de ley también establece dos cuestiones centrales sobre las retenciones a las exportaciones. Por un lado, se actualizan las retenciones a las exportaciones de granos al nivel que dispuso el gobierno macrista, y se da poder al ejecutivo para aumentarlas un 3% más. 

Por otro lado, se establece una rebaja de las retenciones a la exportación de petróleo y minerales. Es decir, es sumamente condescendiente con las empresas multinacionales que saquean los recursos estratégicos del país, con fuertes exenciones impositivas y con métodos altamente contaminantes, como demuestra la cruda realidad de los ríos sanjuaninos envenados con cianuro por la Barrick Gold.

Esta rebaja de las retenciones funciona como un incentivo a las multinacionales para instalarse a dinamitar las montañas y envenenar los ríos. La primera de estas batallas se está cursando en Mendoza, donde la legislatura provincial con los votos macristas y peronistas aprobó la derogación de la ley 2.277 que protegía los ríos mendocinos.

La enorme movilización que se está desarrollando en Mendoza contra la minería es un punto de apoyo para la etapa que se viene en el país. Enfrentar los planes de ajuste y extractivistas de un sistema social que deja a nuestro país sumido en la pobreza y con los recursos naturales saqueados y envenenados por las multinacionales.

En paralelo se aumentan las alícuotas de Bienes Personales, que es un impuesto que grava las posesiones, siendo superior el gravamen si los bienes están en el extranjero. Conceptualmente este impuesto es progresivo, siempre y cuando se imponga un piso de tributación que le cobre a los verdaderamente ricos, y no a un trabajador que logró comprar su casa y un auto. Así mismo, este impuesto debe combinarse con impuestos a las ganancias de las patronales y de las posesiones de las empresas, ya que los capitalistas no tienen todos sus bienes a su nombre sino disimulados en sus empresas.

En cuanto a los bienes que los grandes ricos se fugaron del país y la tienen en el exterior, la ley de Emergencia de Fernández contempla una disminución de la carga impositiva a quienes la repatrien. Esto constituye una ley de blanqueo al mejor estilo macrista. No se cuestiona el origen o procedencia de esas grandes fortunas, y tienen premios si se las trae.

Desdoblamiento cambiario

El impuesto de 30% a la compra de dólares para ahorro y gastos en moneda extranjera es en los hechos una devaluación selectiva encubierta. Es el establecimiento de tipos de cambio diferenciados para importación y exportación que operan en el oficial, de otras operaciones con moneda extranjera que van a operar al oficial más el 30%. 

En el contexto inflacionario que vivimos la presión sobre el dólar es un problema. Sin embargo, esta medida está pensada para reforzar el control del acceso a los billetes verdes con el fin de disponerlos para el pago de la deuda externa. 

Sin bajar la inflación real, el ajuste cambiario va a seguir devaluando la moneda, y por lo tanto los precios van a seguir siendo aumentados por las grandes empresas monopólicas. La inflación y la devaluación de la moneda van de la mano con la disminución del poder adquisitivo del salario y el aumento de la pobreza.

La clase trabajadora ante la situación

Es claro para nosotrxs que el paquete impulsado por Fernández y aprobado por el congreso contiene un ajuste sobre la clase trabajadora y un criterio general del ajuste que implica que las y los trabajadores debemos hacernos cargo de la fiesta macrista. Todo esto con el fin de pagar la deuda externa ilegal, ilegítima y fraudulenta, que no se la pone en tela de juicio y se la reconoce votando a libro cerrado. Un ajuste al mejor estilo Dujovne. 

También sabemos de las grandes expectativas que millones de trabajadoras y trabajadores depositan en este gobierno, que no sólo lo han votado, sino que están dispuestos a esperar un tiempo para ver si este programa funciona. 

Desde nuestro punto de vista, las promesas de Fernández de hacer pagar los costos de la crisis a los que ganaron con las políticas macristas ha quedado en el olvido. Tuvo una oportunidad, la primavera con que cuenta todo gobierno en sus primeros días, y no lo hizo. Lo que hizo, no obstante, fue beneficiar a las mineras y las petroleras, no tocar las ganancias de los banqueros dejando el control del comercio exterior en manos de las multinacionales, y sólo estableciendo una muy tibia medida como es la actualización de las retenciones a las sojeras, tampoco se establecen mecanismos para reinstalar a todos lxs despedidxs durante el macrismo, no retrotrae las tarifas a 2017, etc. 

Más grave aún nos parece el criterio de que la solidaridad con los más pobres debe empezar desde los que cobramos salarios de $20.000 o más. Esto es una verdadera agresión a la clase trabajadora, con una línea de pobreza establecida en $37.000. 

Insistimos en que la crisis la deben pagar los grandes capitalistas mediante medidas concretas y para ello es la propia clase trabajadora la que debe movilizarse para imponer una agenda propia. Desde esta perspectiva hay que seguir interviniendo interviniendo en las organizaciones obreras para fomentar la rebelión contra el ajuste capitalista, gobierne quien gobierne.

No al pago de la deuda externa

Ruptura de las relaciones con el FMI

Estatización bajo control obrero bajo de toda fábrica que cierre o despida

Reparto de las horas de trabajo manteniendo el salario

Aumento salarial de emergencia para recuperar lo perdido durante el macrismo

Nacionalización de la banca y el comercio exterior

82% móvil para las y los jubilados con aumento de aportes patronales

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