Los conflictos en estos países en particular, además de haber adquirido dimensión de masas y métodos radicales de lucha, han sido largamente sostenidos en el tiempo: 50 días en el caso de Colombia, 60 días en Bolivia, 90 días en Chile y más de un año en Haití demuestran la férrea voluntad de estos pueblos en resistir los embates del capital.

Estas luchas se expresaron primero contra medidas económicas gubernamentales que buscaron deteriorar aún más las condiciones de vida de la clase y, luego, contra la represión más directa y descarnada ante la movilización popular.

Otra característica en común es la difusión de estas luchas en las redes sociales y el apoyo de ciertos personalidades de renombre, sobre todo para la juventud. Esto permitió extender la red de visibilización y solidaridad más allá de las fronteras de dichos países, pudiendo poner estos conflictos, en mayor o menor medida, en la agenda internacional. 

La alta participación de la juventud, sobre todo en Chile y Colombia, nutrió de creatividad las protestas: las pintadas callejeras que se renuevan casi a diario en Chile, los festivales musicales en Colombia, la novedad de las “performances” (intervenciones artísticas con un sentido político) como la del colectivo las Tesis de Chile -que se replicó en distintas partes del mundo- han instalado nuevas formas de darle visibilidad y difusión a la luchas.

Aunque caracterizamos que los escenarios en estos países están “abiertos”, repasaremos específicamente la situación en cada uno:

Chile:

El 15 de noviembre de 2019, tras un mes de protestas en todo el país contra la desigualdad social, la mayoría de los partidos políticos del régimen acordaron un referéndum que se realizará el 26 de abril de 2020, denominado oficialmente Plebiscito Nacional 2020. 

Su objetivo es ratificar o no el inicio de un proceso constituyente para sancionar una nueva constitución, principal reclamo de las protestas. Esta medida, sin embargo, no logró apagar el fuego, pues las protestas no sólo continuaron si no que además siguen siendo masivas. 

Si bien el movimiento de masas no tiene aún una dirección clara ni un programa, a nivel político se están dando re-agrupamientos interesantes en el arco de la izquierda, que podrían representar un salto cualitativo en el proceso: el 3 de enero se puso en pie un  Comité de Enlace formado por distintas organizaciones trotskistas, entre ellas el Frente Anticapitalista de Concepción y el Comité por un partido de trabajadores de Santiago. También, el último 10 de enero ha habido un llamado a iniciar un Congreso Anarquista. También en estos meses se han efectuado intervenciones conjuntas entre Izquierda Guevarista, Trabajadores al Poder y el Movimiento Manuel Rodríguez. Todas las iniciativas, con sus particularidades políticas, tienen como objetivo coordinar mejorar las intervenciones partidarias en el movimiento de masas y plantear salidas políticas de fondo, más allá de la institucionalidad burguesa.  

La crisis política en la que se encuentra Chile ha tenido su correlato en lo económico: hubo una fuerte caída del turismo en octubre (17% respecto al año 2018), una significativa baja de los excedentes del cobre (57% en septiembre), una caída de un 8,6% en la recaudación tributaria del IVA, una subida inusitada del dólar por sobre los 800 pesos con una tendencia al alza que pronostican escenarios difíciles por ejemplo para las Pymes, de las cuales 20 mil  podrían declararse en quiebra provocando el despido de 100.000 trabajadores/as aproximadamente[1]. 

Este complejo escenario económico condiciona profundamente las posibilidades del régimen de dar respuesta a las exigencias del movimiento de masas, que lleva casi tres meses de lucha en las calles resistiendo a la represión, y que no parece estar dispuesto a claudicar.

La autoorganización del pueblo y la construcción de un programa anticapitalista a través de las asambleas populares y su coordinación nacional y no caer en la trampa institucional del régimen es el camino más fructífero para parir un Chile justo. 

Bolivia:

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia estableció que las elecciones presidenciales en Bolivia se celebrarán el próximo 3 de mayo, tras la anulación de los comicios de octubre por reportes de fraude que ocasionaron una crisis política social y la salida forzada del poder de Evo Morales. 

Si bien el MAS puede participar de las elecciones, Evo no puede presentarse, por lo que deberán definirse en breve lxs candidatxs del espacio que competirán con el expresidente Carlos Mesa y la dupla de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. 

Sin embargo, el gobierno de Añez se ha encargado de perseguir y encarcelar en procesos de dudosa legitimidad a dirigentxs históricxs del MAS (ya suman más de 100) que podrían ser candidatxs, tratando de esta manera de barrer con sus adversarixs políticxs.

Por otro lado, cabe señalar que hay diferencias dentro del mismo MAS sobre quién debe elegir a lxs candidatxs: un sector que considera que debe ser Evo, y otro sector, encabezado por la también masista y presidenta del Senado Eva Copa, que considera que son las bases del MAS las que deben elegir la fórmula para las elecciones. Este sector tiene gran arraigo en El Alto paceño, donde entre los sectores más radicalizados se cuentan a los “Ponchos rojos”, milicias aymaras que, si bien han apoyado a Evo en el pasado, sostienen que es necesario un recambio.

Haití:

Jovanel Moise, presidente aún en ejercicio a pesar de que hace más de un año el pueblo haitiano exige su renuncia, se ha reunido en los últimos días con distintas organizaciones internacionales, entre ellas la ONU. 

Esta última le exigió  tanto a Moise como a la oposición encabezada por André Michel, que las distintas facciones políticas en Haití se impliquen en un diálogo inclusivo y abierto para formar un Gobierno que responda a las necesidades del pueblo haitiano inmediatamente.

Como hemos planteado en una nota anterior, la salida institucional no es posible, ya que los diferentes partidos que se alternan en el poder desde hace años han hecho uso de los fondos del Estado en beneficio de sus negocios privados, mientras el 60% de la población vive con menos de 2 dólares al día.

A 10 años del gran terremoto que asoló al país dejando un saldo de 300.000 muertos, la foto actual del país caribeño es casi idéntica: su clase política sigue sin dar respuestas contundentes a las demandas de la población, muchas de las cuales se tratan de cuestiones básicas de sobrevivencia. 

Está comprobado que ninguna respuesta a favor del pueblo puede venir de los partidos del régimen ni de la ayuda internacional. El cambio profundo que precisa Haití sólo puede provenir de la clase trabajadora, que es la única que sabe los padecimientos que se viven desde hace años y a diario.

Colombia:

En Colombia el proceso se inició el 4 de noviembre cuando 17 organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales convocaron un paro nacional para el 21 de noviembre. El pliego reivindicatorio contenía 13 puntos, exigiendo principalmente que se diera marcha atrás con un paquete de medidas de ajuste impulsado por el gobierno. 

El paro del 21 fue masivo, incluyendo cacerolazos y movilizaciones que obligaron al gobierno a llamar a una mesa de “conversación nacional”, convocando incluso al comité impulsor del 21N. Esta mesa no dio respuesta alguna, el paquetazo siguió en curso, y por eso las movilizaciones continuaron. Para principios de diciembre, la imagen del gobierno de Duque cayó un 71% y el pueblo colombiano sigue movilizado.

A modo de conclusión 

Como venimos sosteniendo, estos procesos de masas en curso son riquísimos, complejos y contradictorios, capaces de negar al capital y a sus planes de ajuste, de poner en jaque a gobiernos. 

Sin embargo, carecen aún de una dirección real que proponga e impulse la toma del poder por parte de la clase trabajadora como única salida política duradera. Está visto que de parte de los partidos políticos del régimen no es posible que surja un programa social a favor de las mayorías. 

Vemos pues en este punto el límite de estos movimientos de masas que no se proponen y además carecen de una dirección que plantee que la clase trabajadora es capaz de gobernar… y necesariamente debe hacerlo. 

La gran debilidad de la clase trabajadora es la falta de un programa revolucionario y una estrategia que permita a las grandes insurrecciones populares constituirse como poder obrero y popular con nuevas formas de hacer política, por fuera de la lógica del Estado burgués. Y para ello, es necesario la construcción de un Partido Revolucionario arraigado en el tejido social. 

Por supuesto que la clase sale a luchar por sus reivindicaciones más inmediatas y no espera el desarrollo del partido; sin embargo, cada vez que estas luchas son encauzadas por las vías institucionales con proyectos más o menos reformistas, la solución es paliativa y no de fondo, lo que genera frustraciones y desánimos entre la clase trabajadora. 

Por eso, es necesario que los elementos más conscientes de la clase se organicen políticamente en una herramienta que les permita ir delineando, discutiendo, planificando una estrategia de poder, que busque poner fin de una vez por todas la dictadura del capital:  esa herramienta es el partido.

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[1] Datos tomados de http://revistazimut.cl/a-sostener-la-lucha-y-consolidar-las-fuerzas-elementales-de-la-rebelion-popular-para-preparar-la-huelga-general/