Frente a la crisis provocada por la Pandemia -y como en toda crisis-, el sector empresario busca sacar la mejor tajada, sin afectar sus ganancias y descargando la crisis sobre el sector de trabajadores. Así ocurre con los monotributistas y puntualmente con los Acompañantes terapéuticos y Asistentes, a partir de una resolución reciente de la Superintendencia de Servicios de la Salud.

La situación de los Acompañantes y Asistentes terapéuticos

    Actualmente, en la Argentina hay aproximadamente 2 millones de monotributistas que se encuadran en las categorías A y B, que son las más bajas. 

    Entre estxs trabajadorxs se encuentra una cantidad enorme de profesionales de la salud y de la educación, como son les Acompañantes terapéuticxs o Acompañantes asistentes externos, que se desempeñan justamente acompañando las trayectorias educativas de estudiantes que lo requieren por tener necesidades especiales derivadas de alguna discapacidad. También se encuadran en esta categoría muches terapeutas que trabajan con personas con discapacidad. 

    Si bien esta situación de crisis nacional es complicada para todes, les niñes con discapacidad están sufriendo no sólo la alteración de sus rutinas -lo cual en algunos casos es muy complejo de asimilar-, sino que también están viendo recortadas sus prestaciones por parte de las obras sociales y prepagas que se niegan a reconocer los tratamiento que al mes de marzo 2020 habían sido autorizados por ellas mismas. 

Una resolución a la medida de Obras sociales y Prepagas

    El martes 7 de abril la Superintendencia de Salud sacó la Resolución 308/2020, intentando reglamentar el ajuste en las prestaciones. 

    En la misma se limitan los tratamientos a un máximo de horas semanales por paciente, desconociendo las necesidades que ya fueron fundamentadas a la hora de elevar los presupuestos. A su vez, se pretende dividir el módulo de integraciones escolares, afectando severamente el ingreso de quienes viven de este servicio.

    En este marco, muches terapeutas, priorizando el compromiso ético para con las familias, están trabajando mediante teleasistencias brindando todo tipo de recursos, asesoramiento y contención frente a las situaciones que derivan de la crisis. Pero estos organismos pretenden desconocerlo violando la Ley 24.901 y las Convenciones internacionales de derechos de las personas con discapacidad. 

    Algunas obras sociales y prepagas exigen rehacer facturas, desdoblarlas en dos períodos distintos del mes de marzo, presentar declaraciones juradas, firmas virtuales y toda una serie de papeleríos burocráticos imposibles de presentar. En muchos casos las familias no cuentan con impresoras para poder imprimir el papelerío que se exige o porque, para poder firmarlo, habría que violar el aislamiento preventivo dispuesto por el gobierno.

    A esto debe sumarse la demora en el pago de honorarios que muchas obras sociales y prepagas adeudan desde el año pasado, haciendo que resulte cada vez más complejo para este sector el sostenimiento familiar. 

    Por todo lo expuesto, llamamos a les trabajadores monotributistas a organizarse para reclamar:

– Pago de la totalidad de las prestaciones aprobadas.

– Que la Superintendencia de Servicios de Salud arbitre los medios para que las obras sociales paguen lo que adeudan y reconozcan las video llamadas por el tiempo que dure la cuarentena.

– Derogación de la resolución 308/2020 de la SSS. 

– Defensa de los tratamientos de las personas con discapacidad, pues son de carácter esencial y no pueden abandonarse en este contexto de emergencia. 

– Basta de hacer negocios con la discapacidad.