El debate en torno a la intervención del Grupo empresarial Vicentín por parte del gobierno de Alberto Fernández y su posterior expropiación debe ser abordado con rigurosidad y sin caer prisioneros de la “grieta”, forma que pretende transformar toda política en una divisoria entre “buenos” y “malos”. De ambos sectores políticos dejan de lado a lxs trabajdorxs y sólo piensan en el salvataje del capitalismo.

El Grupo Vicentín

Desde el anuncio de Alberto Fernández sobre la intervención de la empresa Vicentín se ha ido conociendo la estructura económica del grupo y sus deudas.

El comportamiento económico y financiero fraudulento de este grupo es típico de la burguesía nacional y su relación con el Estado argentino. Sin embargo, no son maniobras exclusivas del capitalismo local y todas las empresas las practican en mayor o menor medida. 

Por otra parte, el sobre endeudamiento en el ámbito privado que luego es asumido por el Estado nacional no es una práctica nueva. Ya en 1982, durante la dictadura genocida, Cavallo llevó adelante la estatización de deudas privadas que se transformaron en deuda externa que aún seguimos pagando. Vicentín -entre tantos otros- también fue beneficiado en aquel entonces.

Durante el Gobierno de Macri, el grupo Vicentín fue “beneficiado” por el capitalismo de amigos con créditos millonarios a tasa 0 por parte de bancos estatales. Esos créditos y miles de millones de pesos que le deben a los diferentes vendedores de semillas han hecho que el grupo económico caiga en default, es decir, se encuentre en quiebra.

Sin embargo, este grupo cuenta con una serie de activos en varias ramas de la industria, algunas de ellas estratégicas dentro del entramado productivo y extractivista de la Argentina, como son las plantas de molienda y producción de aceite comestible y bio diesel, y obviamente, el puerto propio como toda agroexportadora.

Se trata en efecto de un grupo empresario que está multi implantado en diversos sectores agroindustriales y con diferentes estructuras financieras. El propio Grupo Vicentín está integrado por sociedades anónimas de Paraguay, Uruguay, Brasil y España.

La radicación de “empresas” en países con menor carga impositiva como Paraguay o Uruguay es una práctica común de la burguesía nacional (aunque no privativa sólo de argentina, con solo ver los Panamá Papers o los Paradise Papers queda evidenciado) que genera de esa forma sociedades anónimas que son dueñas de acciones de la propia empresa local.

Con este mecanismo se abre la posibilidad de remitir utilidades a los accionistas (el mismo grupo empresarial radicado afuera), es decir, practicar de manera legal la fuga de divisas. 

Los dos grandes socios de Vicentín radicados fuera son Glencore y Molinos Río de la Plata. Glencore es una multinacional muy poderosa del negocio extractivista que tiene en su haber paramilitares, asesinatos laborales masivos, sobornos, corrupción y fuga de divisas de múltiples países mediante cuentas offshore. 

Estamos hablando entonces de un grupo empresarial poderoso, afincado estratégicamente en la economía argentina con socios nacionales y extranjeros también muy poderosos, y cuyo accionar fraudulento nos da una radiografía precisa de lo que está hecha la burguesía moderna nacional o extranjera.

 

La grieta calla más de lo que explica

La dinámica política argentina ha logrado afincarse en una suerte de bipartidismo sin partidos. Dos grandes campos políticos disputan mediante medios masivos de comunicación, fakenews en redes y estructuras estatales la orientación del país. 

El grupo de opinión “gorila” liderado por Cambiemos en la superestructura política y por Magneto-Clarín en los medios y Techint y compañía en la UIA y otras estructuras intermedias de empresarios viene machacando contra el gobierno de Alberto Fernández de todas las formas posibles. Su primer objetivo es fidelizar a su base electoral y social. 

El gorilaje argentino antiperonista, pero sobre todo antinegro, antipiquetero, antiobrero, antilucha, ha logrado la acumulación política más grande desde la vuelta a la democracia. Han tenido grandes hitos de movilización reaccionaria como la de los patrones ruralistas en lucha contra la 125 y han logrado después de mucho tiempo ser gobierno mediante el voto popular, con Macri a la cabeza y el cuerpo de la UCR.

Del otro lado, el polo “progre-peronista” liderado hoy por el Frente de Todos, en un enjambre político que va desde Barrios de Pie y la CCC hasta el antiderechos de Manzur o los asesinos de pueblos Qom de Capitanich e Insfran. A nivel mediático el Grupo Indalo-C5N lidera este bloque. Pretenden representar a los postergados y agitan contra el gobierno anterior, pero han sido parte y aún lo son del entramado de poder de capitalistas de todo pelaje de Argentina. Son los lobbistas de las mineras en San Juan, de las petroleras en la Patagonia, de las sojeras en Santa Fe y Córdoba y así en cada feudo provincial.

Sin embargo, la grieta mediática -aprovechada desde 2011 por Cristina y luego de 2015 por Macri- es una gran usina para instalar como única posibilidad la política capitalista. 

Aunque es cierto que son dos miradas dentro de esa salida, sin embargo, con sólo repasar los beneficios a los empresarios durante la cuarentena y los ajustes a lxs trabajadores podemos entender que no estamos ante un gobierno “comunista” como pretende instalar el grupo de opinión gorila.

Ya hemos explicado por qué entendemos que los “gorilas” intervienen sobre el eje del comunismo (nota) que, aunque falso, le permite acumular políticamente sobre su bloque de opinión. 

Por otro lado, el bloque de opinión “progre-peronista” rápidamente sale a aclarar que sólo buscan “un capitalismo donde todos ganen”, una nueva versión del capitalismo humano o del todos ponemos y todos ganamos. La realidad es que las grandes riquezas se acumulan en pocas manos y la miseria en millones de cuerpos.

Así, la superestructura se polariza entre dos grupos pero ninguno de ellos cuestiona la base, estructura de la cual emergen los problemas. Se legitima así una sola salida, la que defiende esta forma social injusta.

 

El caso YPF y la soberanía energética y alimentaria

Ante el anuncio de la expropiación se activaron rápidamente los polos. De un lado, la defensa de la soberanía alimentaria y la propuesta de una sociedad anónima estatal como YPF; del otro lado la defensa irrestricta de la propiedad privada.

El caso de YPF “comprada” por el Estado nacional nos recuerda trágicamente lo que realmente significa expropiación en la boca del Kirchnerismo o del bloque “progre-peronista”. La maniobra de la argentinización con el negociado de la mano de los Eskenazi y luego la adquisición por ley de YPF por parte del Estado Nacional también fueron presentadas como actos de soberanía.

Después de que el grupo español Repsol vació YPF, exportando sin ningún control y llevando la empresa a la crisis, el Estado asumió todos los costos del vaciamiento y emprendió la constitución de una Sociedad Anónima mixta. 

Esta “nueva YPF” no ha aportado nada a la soberanía energética, ni tampoco a disminuir los proyectos destructivos del medio ambiente como el fracking. Tampoco sirvió para fijar una política petrolera que privilegie el consumo popular. 

Así, durante todo el gobierno de Macri la “nueva YPF” siguió los lineamientos marcados por el ministro Aranguren, lobbysta de la Shell. Hoy, bajo otro gobierno, con la crisis del petróleo y la brutal baja del precio del barril, la política energética del Estado sigue siendo la del barril criollo, otorgar un precio por encima del internacional para garantizar las ganancias dolarizadas de las grandes petroleras.

La expropiación de Vicentín se perfila en el mismo sentido. Un gran rescate a un grupo empresario quebrado por maniobras de vaciamiento que le debe miles de millones de dólares a bancos estatales y a la AFIP, además de deberle a productores de grano de diversas dimensiones y a accionistas.

 

Expropiar o no expropiar, esa es la cuestión

Desde nuestro punto de vista, una verdadera expropiación debería llevarse adelante tomando todos los activos de la empresa y poniéndolos a funcionar bajo gestión y control de lxs trabajadorxs, y obligando a los actuales dueños a pagar todas las deudas mediante sus fortunas radicadas en paraísos fiscales y países limítrofes.

Para ello, se deben hacer públicos los libros de la empresa y toda la trama accionaria que permite el juego de esconder empresas dentro de empresas. Así mismo, se debe levantar el secreto comercial para poder establecer los destinos de los millonarios créditos otorgados durante el gobierno de Macri.

Finalmente, la expropiación se debe hacer sin ningún pago, ni indemnización, al grupo empresario sin importar los dueños de sus acciones, sean Vicentín, Glencore o Molinos Río de la Plata.

La expropiación debe poner en el centro a lxs trabajadorxs para que desde el saber obrero se pueda combinar una estructura productiva que garantice los derechos laborales, sueldos superiores a la canasta familiar, las condiciones de salud e higiene dentro de la planta terminando con los asesinatos laborales, y un desarrollo productivo que siente las bases para superar el monocultivo, los agrotóxicos y el extractivismo agroexportador. 

Estamos a favor de la expropiación, pero nuestra mirada no se reduce a la grieta mediática que gestiona la democracia actual. 

Pretendemos una salida obrera y para ello lxs trabajadorxs debemos intervenir en la crisis, planteando que cada fábrica que cierra o despide masivamente debe ser expropiada. Así se debería proceder con el Frigorífico PENTA en Quilmes que dejó en la calle a 240 personas, con todas las clínicas privadas de salud que en este momento reciben subsidios millonarios, y con todas las empresas que han utilizado los fondos de la ANSES para pagar salarios mediante los ATP.

Una salida obrera y popular a la crisis requiere de la organización y movilización del conjunto de la clase.