Facundo Astudillo Castro de 22 años está desaparecido desde el 30 de abril. Ese día viajaba desde Pedro Luro a Bahía Blanca para encontrarse con su ex novia, pero nunca llegó a destino. Desde entonces es buscado desesperadamente por su familia y amigos.
Contradicciones en las versiones policiales
La investigación original por averiguación del paradero de Facundo Castro está llena de irregularidades y apunta directamente a la policía bonaerense: varias personas declararon haber visto como oficiales de esa fuerza lo subían a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich, partido de Villarino, en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
Los policías involucrados aseguran que labraron actas a Facundo por violación de la cuarentena en Mayor Buratovich y luego en el pueblo aledaño de Teniente Origone. La pregunta es: ¿por qué no fue llevado a su casa?
Por otra parte, el proceder policial está plagado de contradicciones: en una de las declaraciones, los policías afirman que lo dejaron ir caminando, y en otra que Facundo se subió a una camioneta. La familia ya realizó una denuncia penal ante la justicia federal por desaparición forzada. La causa se encuentra ahora en manos del Fiscal Santiago Ulpiano Martínez.
No es la primera vez que en contexto de aislamiento la policía se ve implicada en casos de represión y hostigamiento a lo largo y ancho del país. La mayor cantidad de casos de violencia estatal en manos de las fuerzas represivas se desarrollaron en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Chaco, Tucumán, Jujuy y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cientos de razones hay para salir a denunciar en cada rincón de la Argentina el accionar nefasto de las mal llamadas fuerzas de seguridad y de reclamar por la aparición con vida ya de Facundo.
Cabe agregar además que, en lo que va de la cuarentena, se conocieron casos de abuso sexual a mujeres y disidencias, se llevaron adelante «controles» ilegales, represiones a manifestaciones obreras como la del frigorífico Penta, acciones de hostigamiento a los pueblos originarios, han detenido arbitrariamente a jóvenes en barrios y han ido a fondo con el gatillo fácil.
La situación represiva durante el aislamiento
Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) aseguran que durante los primeros tres meses de aislamiento social han ocurrido alrededor de 50 casos de denuncias sobre represión estatal a lo largo del país que incluyen golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y hasta desaparición forzada.
Uno de los casos que se intentó ocultar fue el asesinato de Luis Espinoza en el Tucumán de Manzur (PJ), caso que los medios alternativos lograron instalar ya que el periodismo patronal, tanto oficialista como opositor y el gobierno hicieron oídos sordos ante los reclamos de esclarecimiento por parte de la familia.
Luego de la aparición del cuerpo de Luis Espinoza en un barranco, se montó un operativo para encubrir la responsabilidad de los autores materiales y políticos de su crimen. Pero, tras las pericias, quedó demostrado que los 8 policías del destacamento de Monteagudo fueron los autores del crimen del trabajador rural luego de su desaparición forzada.
Luis Espinoza fue asesinado con un disparo de una pistola calibre 9 mm perteneciente al oficial José Alberto Morales, agente Gerardo González Rojas, cabo Claudio Zelaya, agente Carlos Romano, cabo José María Paz, sargento René Ardiles, subcomisario Rubén Montenegro, sargento Víctor Salinas, y Héctor Villavicencio, empleado municipal de vigilancia.
Dentro de los 50 casos registrados por CORREPI, se cuentan el asesinato de Facundo Scalzo por parte de la Gendarmería en la Villa 1-11-14; el de Fernando Leguizamón en Quilmes; Walter Nadal nuevamente en Tucumán asesinado por asfixia a manos de la policía de Manzur; Augusto Oscar Iturralde asesinado de 9 tiros por un policía de la Ciudad de Buenos Aires en Plátanos; Diego Nicolás Arzamendia fallecido por los disparos de un policía local de Berazategui; Alejandro Amaya, asesinado en Córdoba, Gastón M. y Ariel V., dos jóvenes también muertos en manos de la policía de la misma provincia; Lucas Adrián David Barrios, quien recibió 18 disparos por parte de un oficial bonaerense en Isla Maciel; Alan Maidana, también asesinado en la localidad de Berazategui; César Alejandro Obes, cuyo homicidio ocurrió en Laferrere; Ezequiel Corvalán y Ulises Rial, atropellados por un patrullero que los perseguía en San Nicolás; y el reciente caso de Ariel Valerian, trabajador mecánico de 39 años, que murió como consecuencia del apaleamiento al que fue sometido el 8 de junio, cuando fue detenido por la policía de Jujuy en la localidad de Palpalá. Al cierre de esta nota, trascendió un nuevo caso de gatillo fácil en en el partido de La Matanza: Lucas Veron de 18 años fue baleado por la policía bonaerense la madrugada del pasado 10 de julio.
De acuerdo a la Agencia de Noticia ANRed, durante el mes de junio sólo en la provincia de Buenos Aires al menos 18 personas fueron asesinadas por efectivos de las fuerzas de seguridad, lo que implica en promedio una muerte en manos de la policía cada 40 horas.
Es el Estado, gobierne quien gobierne
No podemos pensar al Estado como una entidad separada de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas represivas. Muy por el contrario: uno de los elementos centrales en la definición de Estado nos remite al monopolio de la violencia legítima como medio de dominación dentro de un territorio.
Por lo tanto, la represión es un elemento constituyente del poder del Estado capitalista, más allá de las facciones de la burguesía que se encuentren efectivamente ejerciendo el gobierno.
Sin ir más lejos, a un mes de iniciado el aislamiento obligatorio en la Argentina, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, presentó un borrador de protocolo para regular el “ciberpatrullaje”, creado mediante los decretos N° 174 y N°72 en el año 2018 por su predecesora en dicho cargo, Patricia Bullrich. Queda claro que el patrullaje en las redes también es de gran interés estatal, gobierne quien gobierne.
En estos más de tres meses que llevamos de aislamiento, queda demostrado que la clase trabajadora no sólo padece los coletazos de la crisis económica sino que además pierde la vida en manos del aparato represivo, con el Estado como garante del encubrimiento y el silencio.
Desde el PRC repudiamos el accionar policial orquestado estatalmente, y nos solidarizamos con la familia de Facundo y decimos junto a ella:
Partido por la Revolución y el Comunismo 