El plan del Grupo Beltrán

El grupo Beltrán, un grupo empresario de origen nacional radicado en Córdoba, se hizo cargo de Dánica Llavallol y San Luis desde febrero de 2019.
Dos meses después de asumir la empresa, ya había lanzado su plan anti- obrero, que incluyó despidos y retiros voluntarios (un 20% del personal), rebaja salarial (perdieron aproximadamente un 30% durante este año y medio), aumento de los ritmos de producción (para lo cual instalaron cámaras sector por sector), y persecución a todo compañero o compañera que levantara la voz frente a los atropellos de la patronal.
Este plan sistemático de ataque sobre las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores de Dánica no es otra cosa que la reforma laboral.
Estos ataques patronales contaron en cada situación con la inmediata respuesta de la base trabajadora de Dánica: asambleas, paros, acampes y bloqueos de portones. Aunque esas acciones no lograron hacer torcer completamente la balanza a favor de las y los trabajadores.
En este sentido, es necesario balancear el rol que jugaron tanto el Estado patronal como la conducción sindical.
El rol del Estado en el conflicto de Dánica

La situación excepcional debido al Covid-19 puso en debate qué se debía priorizar en época de cuarentena: si la economía o la salud.
Discursivamente el gobierno de Alberto Fernández dijo, desde un principio, estar a favor del cuidado de la salud, en contraposición con aquellos como Donald Trump o Bolsonaro que sostienen que la economía debe seguir su curso, exponiendo a contagios y muertes masivas a la clase trabajadora que, en definitiva, es la que produce y hace que la rueda de la economía gire.
Sin embargo, eso que dice el presidente Fernández discursivamente no se sostiene en los hechos. Incluso, casi al mismo tiempo que el gobierno por decreto prohibía los despidos, las suspensiones y los recortes salariales, los empresarios de la mano del Grupo Techint despedían a miles de trabajadorxs, en varias otras fábricas y empresas suspendían, y en otras se congelaban y recortaban los salarios.
Eso demuestra que estos decretos sólo se pueden cumplir realmente con la organización de la clase trabajadora en cada lugar de trabajo; caso contrario las patronales incumplen y el gobierno hace la vista gorda. Es decir, el ritmo lo marcan los capitalistas con el Estado como principal garante, por un lado, dando el visto bueno a despidos y suspensiones, y por el otro flexibilizando cada vez más a pedido del empresariado que, obviamente privilegiando sus ganancias, no quiere parar de producir ni un solo segundo empujandonos a las y los trabajadores a contagios y muertes.
El caso de Dánica es un calco de esta situación. En medio de la cuarentena, con los decretos rigiendo y con un “acuerdo” entre el sindicato y la empresa de paz social por 4 meses, despidió a 5 trabajadores, desoyó cuanta conciliación obligatoria existiera e incluso cerró varios días la planta amenazando con el despido de todo el personal.
Para “destrabar” el conflicto tuvo que hacerse presente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien por los medios decía que iba a multar con sumas extraordinarias al grupo Beltrán si no reabría la planta, pero en los hechos les decía a los trabajadores que siguieran con la producción, que no era hora de continuar con el conflicto.
Así, dejaba claro el papel del Estado patronal, garantizando cada una de las maniobras empresariales para llevar adelante la reforma laboral. Incluso, después de la reapertura de la planta y de la visita del gobernador, la empresa volvió a la carga con los despidos ahora de forma individual, persiguiendo a los 5 compañeros despedidos hace unos meses.
El rol del sindicato
