La recuperación de tierras abandonadas en Guernica para construir un barrio popular por más de 2000 familias que han quedado en la calle o en situación de pobreza extrema puso sobre la mesa la crisis habitacional que se vive en el país y las imposibilidades para el conjunto del pueblo de acceder a un terreno para construir su vivienda. Mientras tanto explotan los negocios inmobiliarios ligados a barrios privados por parte de empresas que se apropian de tierras fiscales o las “compran” a muy bajo precio y de forma irregular.

La necesidad apremia

Las tomas, o recuperaciones de tierras, son parte de la tradición del movimiento popular en Argentina. La falta de planificación urbana, la expulsión de población hacia los centros urbanos donde se concentra la posibilidad de tener un trabajo, han generado a lo largo de la historia diversas ocupaciones de tierras para la construcción de barrios populares. Con mayores o menores niveles de organización la expansión de los conurbanos de las grandes ciudades está cruzada por tomas de tierras ociosas para tener acceso a la vivienda.

En el contexto actual, donde la desocupación se vuelve masiva y podría estar superando los índices de 2001 y 2002, la vivienda como derecho humano básico debe ser garantizada. Los pagos de alquileres se han vuelto imposibles para familias casi sin ingresos y la posibilidad de construir alguna casita en terrenos de familiares en muchos casos ha llegado al límite.

La toma no es una acción simple, aguantar sin nada hasta poder regularizar el barrio, mientras se sufren aprietes de la policía, como en el caso de los militantes del CTD Aníbal Verón baleados el domingo, es una tarea titánica, que sólo puede estar motivada por una necesidad extrema.

El peronismo se ha jactado durante mucho tiempo que son ellos los que garantizan los derechos y citan a Evita constantemente con su consigna “donde hay una necesidad hay un derecho”. Acá hay una necesidad, una necesidad extrema, que se expresa en la toma de Guernica pero en tomas a lo largo y ancho del país y que requieren una respuesta concreta, “la tierra para les trabajadores, no para los especuladores inmobiliarios”.

Operativo represión

Las campanas de la represión suenan cada vez más fuerte. El “cuervo” Larroque vestido de ministro habla de “organizaciones de izquierda” que impiden la asistencia, Juan Marino del “Partido Piquetero” habla de “violentos que queman gomas”. Ninguno de ellos dijo nada sobre la violencia de la policía bonaerense al desaparecer y asesinar a Facundo Astudillo Castro, ni dijeron nada sobre el facho de Berni. Ven la violencia en el pueblo trabajador y no en la necesidad que genera la toma.

Tanto Larroque como Marino, han dado vueltas en las mesas de diálogo y no han ofrecido una solución concreta. Les vecines de la toma propusieron una salida, tierra por tierra, pero desde la gobernación de Kicillof dicen que eso no se puede hacer.

Los dichos de Larroque y Marino, lamentablemente, nos recuerdan a Juanjo Álvarez, Duhalde y Solá que crearon un clima similar en las semanas previas al corte del 26 de junio de 2002 en el que la bonaerense asesinó a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En aquél momento el discurso oficial era el de piqueteros duros y piqueteros blandos, el de organizaciones piqueteras que no querían dialogar, el discurso de que eran violentos por cortar rutas y puentes, mientras luchaban por conseguir un subsidio de $150 para paliar el hambre que sufrían millones y millones de compañerxs.

La amenaza de desalojo, que como ya han demostrado diferentes abogados de organizaciones de derechos humanos, está flojo de papeles en los que se dicen “dueños”, pedida por el Juez Martín Rizzo, que con su panza llena, su casa calentita y cómoda, y sus sueldos de cientos de miles de pesos, es una clara muestra de cómo funciona esta justicia. Funciona a favor de los ricos y los negocios inmobiliarios, es una justicia de clase, patriarcal y racista.

Kicillof rápidamente va dejando paso a la verdadera cara del Frente de Todos, encubrió la desaparición de Facundo, y ahora prepara una represión violenta contra la recuperación de tierras de Guernica como un verdadero escarmiento al movimiento popular. Es el mismo Kicillof que en 48 horas aumentó el sueldo de los policías amotinados de la bonaerense que llegaron incluso a violentar su domicilio.

En el discurso hablan de una derecha que los amenaza, pero en los hechos actúan como esa misma derecha. No es un problema retórico, es un problema de hechos. ¿Dime a quién beneficias y te diré quién eres?

Solidaridad con las tomas, no al desalojo de Guernica

La asamblea de la toma de Guernica junto a las organizaciones sociales han definido un plan de lucha para lograr sus objetivos: frenar el desalojo y consolidar el barrio, o en su defecto una respuesta concreta de tierra por tierra.

Esas acciones van a ser claves en los días que se vienen, para desbaratar el clima represivo que el “Cuervo” Larroque y Juan Marino buscan instalar para facilitar la acción criminal de la policía bonaerense.

El conjunto de las organizaciones sociales que intervienen en los territorios saben que la necesidad es muy grande, y saben que deben responder ante este clima generado. El silencio ante este escenario es complicidad con la represión. Recordamos en esta nota que Grabois, dirigente de la UTEP, dijo, al inicio del proceso de tomas de tierras, que una salida represiva sobre las tomas haría que este gobierno deje de ser popular. Esperemos que sean consecuentes con esa definición y no cómplices de un gobierno antipopular.

No al desalojo de Guernica

Basta de represión y patotas en las tomas de tierras

Plan de urbanización y viviendas en todo el país