Durante el año 2018, la masiva movilización en las calles logró poner en agenda política la imperiosa necesidad de conquistar el aborto legal. Se puso de manifiesto que la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho negado históricamente a personas con la capacidad de gestar y que, como siempre, dentro de este estado capitalista patriarcal, quienes dejamos nuestra vida somos les trabajadores, en este caso lxs pibes pobres que no acceden a aborto en condiciones seguras.

 Ese año se generó un debate sin precedentes en todos los espacios de trabajo, de estudio, en los barrios, en cada rincón que confluyó con la enorme marea verde copando las calles durante el debate legislativo. En esa oportunidad, el debate se dio entorno al proyecto elaborado y presentado por 7ma vez por la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal seguro y gratuito que nunca antes había contado con un apoyo tan masivo. Sin embargo, más allá de la media sanción en diputados, este proyecto se rechazó en senadores dejando en evidencia el fracaso de la mal llamada democracia representativa, que, como bien se sabe, no representa los verdaderos intereses de la población.

Si bien en aquel momento perdimos la batalla legislativa, gracias a la movilización, el aborto salió de la clandestinidad y quedó instalado como demanda urgente. Tal es así que, a principios de 2019, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito presentó nuevamente en el Congreso un proyecto que aún tiene estado parlamentario, pero que se cajoneó hasta hoy en día. Hace algunas semanas, el peronismo que es gobierno, presentó un proyecto propio, pasando por alto el ya existente. Dicho proyecto, que no fue puesto a debate al interior del movimiento feminista, aparece con el objetivo de dividir aguas y ‘propone’ ciertas concesiones que no estaban en el proyecto anterior. Entre las diferencias fundamentales encontramos:

ü  El proyecto oficial contempla el aborto voluntario legal hasta las 14 semanas de gestación, fuera de ese plazo contempla las causales que fueran determinadas por la Corte Suprema de Justicia a través del fallo FAL en el año 2012, que funciona como una suerte de interpretación del artículo 88 del Código Penal que se remonta a 1921. El proyecto de la campaña propone no criminalizar a las personas gestantes que decidan abortar.

ü  El derecho a abortar debe habilitarse dentro de un plazo máximo de 10 días desde que la mujer o persona gestante concurre a requerirlo. El proyecto anterior contemplaba un plazo de 5 días.

ü  El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma, deberá:

a) Mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión.

b) Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.

c) Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.

d) Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas.

Este proyecto de ley carece totalmente de una perspectiva de género que tenga en cuenta la realidad de las personas con capacidad de gestar que deciden, por la razón que sea, interrumpir un embarazo. Este proyecto no contempla la influencia de los actores sociales (el oscurantismo religioso, los antiderechos) y desdibuja la virulencia con la que estos sectores se presentan para no respetar derechos. En este sentido, sigue criminzalizando a aquellas personas que deben realizarse un aborto luego de la semana 14, derivándolas a un  sistema judicial patriarcal, al mismo tiempo que plantea penalidades para ellas y para les profesionales de la salud que realicen estas práctica por fuera de este tiempo estipulado.  Está situación es bochornosa, entendiendo son muchos de estos puntos mencionados son derecho desde 1921 y aún hoy siguen sin respetarse. 

Al mismo tiempo, el proyecto del gobierno le abre la puerta a la no garantía de este derecho con la objeción de conciencia. Si bien esta objeción de conciencia sería “individual” y las instituciones deben garantizar este derecho, no queda explícita ninguna penalidad para las instituciones que no garanticen este derecho. Por otro lado, nos queda claro que esta objeción de conciencia, que seguro redundará en dilaciones, violencia y revictimización de las personas que quieran acceder a este derecho, no se les concede, por ejemplo, a lxs defensorxs del sistema judicial ya que no va contra su principios y su libertad de conciencia defender a repesores, pedrastas o femicidas. 

Además, si bien el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable, sabemos que esto no va a poder ser garantizado en la realidad. En los casos en que la persona cuente con apoyo y organización, será un derecho a reclamar pero en muchos casos no será tan sencilla su implementación. Sin ir más lejos, tomando un caso testigo, alegando «objeción de conciencia» más del 70% de los ginecólogos italianos se niega a realizar abortos, un derecho en ese país desde hace 40 años. Por esta razón, un grupo de ginecólogas feministas le pidió al gobierno que interceda para «no retroceder en los derechos de las mujeres». Lo mismo ocurre en México donde el 90% de los médicos se declaran objetores de conciencia.

La lucha por el aborto legal en  Argentina es una larga y denodada lucha del movimiento feminista, que de a poco y a pura fuerza militante fue sumando a la lucha a las grandes mayorías de la sociedad, sacó al aborto del closet lleno de violencias, donde el poder religioso, moral y sobre todo capitalista patriarcal lo tenía escondido y reservado solo para quien pudiera pagarlo y mientras se matuviera en silencio. 

Con la gran marea verde en el 2018 ganamos la necesidad de conquistar ese derecho a nivel social. Hoy, con el impulso de millones de militantes que seguimos en las calles para ganarlo, nuevamente se va a discutir en el Congreso. Es en este sentido que  consideramos un avance en la ampliación de derechos que se pueda votar a favor del proyecto presentado pero sabemos que esta ley, como todas la demás, solo se cumplen efectivamente si hay un colectivo organizado que reclame.  Desde el PRC continuaremos organizades y movilizades para torcerle el brazo al oscurantismo clerical y los antiderechos, para exigirle al gobierno que sea, hasta el último derecho que como clase nos niegan y en ese sentido no descansaremos  hasta lograr que en todas las escuelas del país se enseñe educación sexual integral, científica, laica y con perspectiva de género y que en todos los hospitales del país se practique el aborto legal, seguro y gratuito. 

-Separación de la Iglesia del estado

-Basta de muertes por abortos clandestinos

-Vamos por el proyecto de la Campaña

-Educación Sexual Integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR