Las nuevas medidas que viene tomando el gobierno responden al criterio que viene pregonando la ministra de Salud Vizzotti, los contagios se dan en el ocio y no en el trabajo. Sobre es premisa la criminalización de lxs jóvenes y la respuesta represiva del toque de queda es la salida para el Frente de Todxs.

El pasado 8 de abril  gobierno nacional anunció el DNU N° 235/2021 con las nuevas medidas que regirán hasta el 30 de abril, que incluye para todo el país la suspensión de: los viajes grupales, las actividades sociales en domicilios particulares y  reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas, las actividades en bingos, casinos y boliches (o cualquier salón de fiestas y eventos), la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas; y que había establecido además, el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23. En ese momento también, Alberto Fernández aseguró que se mantendría la presencialidad en las escuelas, y explicó que “se reforzarán” los controles en el transporte para asegurar el traslado de trabajadores esenciales.

Ante el aumento exponencial de casos (que alcanzó un pico de más de 29000 en un dia la semana pasada), se promulgó el DNU 235/21 que introdujeron modificatorias al decreto previo para intensificar las medidas sólo en el AMBA. A partir del 16 de abril quedan suspendidas las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas que se realizan en ámbitos cerrados, la actividad en locales comerciales  y gastronómicas entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente, se cierran centros comerciales y shoppings, el servicio público de transporte de pasajeros urbano e interurbano sólo podrá ser utilizado por personal esencial; además la restricción de circular en transporte particular para los no esenciales regirá desde las 20 horas hasta las 6 horas del día siguiente.

Mención aparte merece el anuncio de la suspensión de las clases presenciales en los tres niveles educativos (inicial, primario y secundario), medida fuertemente resistida por el Gobierno. Recordemos que el día anterior al anuncio del Ejecutivo, el Ministro de Educación Nicolás Trotta sostenía falazmente “están dadas las condiciones para sostener la presencialidad«, negando que la suba de casos esté relacionada con la actividad presencial en a las aulas. No se puede dejar de señalar tampoco que el paro de los días 14 y 15 de Abril en provincia de Buenos Aires empujado por las seccionales Multicolor del Suteba logró canalizar una sentida demanda del sector docente y  ejerció un factor de presión para lograr la suspensión de las clases, ante el silencio de la burocracia sindical encabezada por Roberto Baradel.

“Lo cierto es que el relajamiento social continuó en los últimos días y el virus está volviendo con vigor”, dijo Fernández desde la quinta de Olivos cuando anunció las restricciones, poniendo la responsabilidad del aumento de casos en la población que “relajó” los cuidados sanitarios. Es absolutamente contradictorio que el presidente diga que “no le gusta que se haga política con la pandemia” ya que el hecho de que se propongan estas medidas de restricción y no medidas de verdadera índole sanitaria, es profundamente político.

La idea que rige la política sanitaria del gobierno es de matriz represiva básicamente. El toque de queda que existe desde las 20 horas es un ejemplo de ello. Necesitamos disminuir la circulación de personas para bajar un poco el nivel de contagios, eso es inapelable, pero para realizar eso es necesario medidas que estén basadas en cierta planificación de la economía, como limitación de turnos de trabajo, separación de actividades productivas, reducción de la producción no esencial por tandas. Pero para ello, el gobierno debería salir de su visión negacionista que reza “los contagios son el ocio y no en las fábricas, oficinas y escuelas”.

En principio, consideramos imperioso que se tomen las siguientes medidas sanitarias: 

• Centralización del sistema de salud: el sistema de salud argentino está colapsado, según indica el último parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 3.879 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 62,7% y en el AMBA es del 71,4%. Sin embargo, la crisis del sistema de salud es previo: la división del sistema sanitario en público y privado, junto a la desregulación del mismo, ha generado grandes monopolios que administran la atención según el poder adquisitivo. Los bajos salarios de lxs trabajadores de la salud, quienes en provincia de Buenos Aires cobraron entre $46000 y $52000 durante 2020, cifra por debajo de los costos de vida que se dispararon con la inflación galopante. Ante el recrudecimiento de la situación sanitaria, se necesita unificar los distintos sistemas bajo un comando único nacional, por un lado; y por otro lado es indispensable reconocer la tarea de lxs trabajadorxs de la salud con un salario igual a la canasta familiar.

• Liberación de patentes y campaña de vacunación para toda la población: En nuestro país solo el 21,73 % de la población ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID 19. Eso es más que absurdo si tenemos en cuenta que el laboratorio mAbxience del grupo empresarial Insud (de Hugo Sigman) tiene una planta en Garin y ya ha producido 30 millones de vacunas. (que fueron exportadas a Mexico para su envasado). El gobierno excusa las bajas tasas de vacunación a la “escasez” de vacunas, pero es claro que esto se explica por la lógica misma del capitalismo: en Argentina se producen vacunas a bajo costo que son acaparadas por las grandes potencias mundiales.  Es imperiosa la estatización bajo control obrero del laboratorio de Sigman para que la producción de vacunas puede ser aplicada en la población local. Por otro lado, es necesario también la liberación de las patentes de las vacunas de COVID-19, ya que cualquier país del mundo que tiene la posibilidad de montar una línea de producción debería poder hacerlo para avanzar con las campañas masivas de vacunación de su población y evitar que lxs muertxs lxs sigamos poniendo lxs trabajdorxs.
• Salario de Emergencia para todxs lxs desocupadxs de $40.000 y aumento del salario mínimo vital y móvil a $47000 que marca la línea de pobreza, con actualización mensual por inflación.
• Asistencia alimentaria para toda la población que la necesita y abastecimiento de los comedores populares. Aumento del salario de lxs compañerxs que están al frente de los comedores.
• Freno de la actividad de sectores no esenciales, garantizando todos los puestos de trabajos sin descuentos de salarios.

La planificación de medidas sanitarias que incluyan la disminución de la circulación requiere obviamente enfrentar a las patronales que priorizan sus acumulación de ganancias impulsando las aperturas y generando olas de contagios.

Las medidas sanitarias para el cuidado de la salud no son medidas represivas. La represión del estado es un mecanismo de control que no mitiga el virus, simplemente genera peores condiciones de vida en los barrios populares y para lxs trabajadorxs en general.