Un maestro rural en la presidencia de Perú

A horas de definirse, el resultado del balotaje del pasado domingo 6 de junio dan 50.000 sufragios de diferencia a favor del docente Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, y solo queda desestimar formalmente el pedido de revisión de 200.000 votos presentado por K Fujimori.  El candidato con discurso de redistribución de ingresos se impone por bajísima diferencia sobre la candidata derechista Keiko Fujimori, tras una primera vuelta con gran dispersión de votos entre los 23 candidatos.

Este panorama da cuenta de dos cuestiones. Por un lado, que ambos llegaron a la segunda ronda electoral con una baja cantidad de votos. Por otro lado, más importante, que se expresa la tendencia a la polarización política, elemento clave de la situación política a nivel regional e internacional. Aunque, en este caso, la “grieta” tuvo un elemento discordante: las fichas del progresismo estaban puestas en Verónica Mendoza de Juntos por Perú. De manera tal que Castillo llega a la presidencia carente de alianzas políticas internacionales y con un parlamento mayoritariamente en contra. 

La situación social

Si bien la pandemia, como en el resto de Latinoamérica, vino a profundizar la crisis social, hubo un salto en la crisis política tras la destitución de Vizcarra, que asumió la presidencia en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski acusado de corrupción. Vizcarra fue acusado de “incapacidad moral” y reemplazado por Manuel Merino en noviembre del año pasado lo que desencadenó fuertes movilizaciones, sobre todo de la juventud urbana, que se fue encolumnando tras la consigna de “Asamblea constituyente”. La represión de las movilizaciones se cobró la vida de dos manifestantes, Merino debió renunciar y ser reemplazado por el actual presidente Sagasti como un intento de descomprimir la situación. Sin embargo, el reclamo de una Asamblea Constituyente fue tan fuerte que tanto Fujimori como Castillo tuvieron que incluir el tema en la campaña, y en el caso de Castillo el compromiso a convocarla. De concretarse, abriría un nuevo escenario político seguramente con repercusiones en el resto del continente.

La gran conflictividad social que hay en el Perú va a apurar las definiciones de Castillo a riesgo de ir perdiendo apoyo popular. Los trabajadores y trabajadoras de la agroindustria de la zona costera, que vienen de protagonizar en diciembre pasado numerosos cortes de rutas en reclamo de mejores condiciones de trabajo, si bien forzaron al gobierno de transición a promulgar una nueva Ley Agraria que mejora en algo el salario, los cambios fueron insuficientes. O las luchas de los mineros, solapadas muchas veces con la conflictividad en las comunidades indígenas. Estas luchas recorren toda el área que apoyó a Castillo y van de conflictos gremiales a conflictos por contaminación o falta del pago del canon de las empresas o falta de obra de infraestructura prometidas. Una lucha contra el corazón económico del capitalismo peruano.

En lo que respecta a la pandemia, Perú es uno de los países con mayor tasa de muertes a nivel mundial rozando los 190 mil decesos. Por supuesto que su sistema sanitario se encuentra colapsado y actualmente el país está en “estado de emergencia”, que implica fuertes restricciones a la circulación y a los encuentros sociales. Esto choca con la necesidad de importantes sectores de la clase trabajadora que deben salir a trabajar: se han engrosado considerablemente las filas del empleo informal y el desempleo trepa al 15%. Por otro lado, como en otros países de la región, la crisis empujó a la pobreza a nuevos sectores de la población, sobre todo niñxs y jóvenes; en el mismo sentido subieron los números de deserción escolar. 

¿Quién es Pedro Castillo?

Es un maestro de 52 años, que proviene de Cajamarca, norte de Perú. Una de las zonas de mayor pobreza y  extracción de oro. Cobró relevancia política y social cuando en 2017 fue un importante dirigente de la huelga docente que duró tres meses en reclamo de mejoras salariales y contra la privatización de la educación. En aquel momento, se lo intentó ligar al Movadef -brazo político de Sendero Luminoso- pero Castillo siempre lo desmintió.

Perú Libre es el espacio político donde se incorporó en septiembre de 2020 dias antes del cierre de listas gracias al cual se presentó a estas elecciones. Con una base programática progresista, reformista y de fuerte arraigo territorial. En sus documentos el partido se reconoce marxista y mariateguista, continuadores de la “revolución socialista iniciada por Tupac Amaru II”. Se plantean como respuesta al neoliberalismo, pero también a “la izquierda que se opone a todo”. Inicialmente PL planteaba candidatear a un dirigente propio, Vladimir Cerrón, pero las acusaciones de corrupción decidieron bajarlo de la candidatura. Castillo se muestra pragmático  en hacer nuevas alianzas,  algo que no cae nada bien en la cúpula de Perú Libre que aspira a ocupar los cargos ministeriales.

Entre las propuestas para estas elecciones, se destacan la reforma de la constitución fujimorista de 1993 y la nacionalización de varias empresas fundamentales. Nacionalizar que en algunos casos no significa estatizar (es decir, que podrían seguir comandadas por capitales privados) y el propio Castillo aclara que, según el caso, pueden haber indemnizaciones a los capitales nacionalizados. Habla también de reforma agraria y limitar las importaciones de productos que se producen en Perú.

Sin embargo, hasta acá no ha planteado en su estrategia ni la de su partido una iniciativa que tienda a romper con la lógica de acumulación capitalista. Si bien ha basado su campaña en recorrer las zonas rurales y mineras del país, se ha referido a su electorado como “los peruanos” o directamente “gente”, es decir, una unidad policlasista.

Algunos de sus rasgos izquierdistas, se convinan con su catolisismo y entorno familiar evangelista, motivo por el cual se opone al derecho al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la eutanasia.

Su figura -uno de los pocos candidatos que en estas elecciones no tenía causas penales- seguramente resultó atractiva por estar ligada a un luchador popular consecuente y no estar emparentado a la casta política tradicional. Más bien todo lo contrario, su padre era un peón rural de los andes,  que debía llevar en andas a su patrón para que no se embarre y que recién tuvo acceso a la tierra gracias a la lucha campesina de los  ‘60. Por eso mismo, la aparición sorpresiva en la segunda vuelta  desató con más furia el odio de clase y racial de la clase patronal y sectores privilegiados, que ven en Castillo a  “Garabombo el invisible” de Scorza. 

La emergencia de Castillo es resultado del recrudecimiento de la lucha reivindicativa tanto sindical urbana, como minera y campesina que se retroalimenta con la crisis institucional abierta con la destitución de Vizcarra. Y aunque esta conflictividad es todavía fragmentada, pone el marco dentro del cual Castillo deberá gobernar, es decir, deberá dar respuestas de algún tipo.

Escenario abierto

La expectativa generada en las masas juveniles de Lima que salieron a la calle el año pasado nucleadas en el movimiento “#fueraSagasti o autodenominadas “generación del bicentenario” exigen una Asamblea Constituyente. Avanzar en este sentido puede significar un escollo difícil para Castillo que, como dijimos más arriba, aunque  cuenta con fuerza parlamentaria propia, aún está en franca minoría y no cuenta con una fuerza social consolidada por detrás. Y, aunque predomina la atomización de bloques parlamentarios, la mayoría son orgánicos a las grandes empresas, y están muy entrenados en la rosca política. Ni que hablar del Tribunal Constituyente en su contra. De manera que maniobrar, ya sea en la dirección de una Asamblea Constituyente o en la dirección de las reformas sociales (como la nacionalización de algunas empresas mineras, petroleras o gasíferas) no será sencillo, pero a la vez es indispensable para no desgastar rápidamente su apoyo social.

Lo que haga con la explotación minera va a ser otro elemento determinante. No solo con el   gran capital privado sino tambien con el Gobierno Chino. Una parte importante de los ingresos del  Estado peruano provienen de las regalías que aporta el 10% aproximadamente de  la explotación minera, ya que  el otro  90%  de la minería es ilegal o informal. Los problemas que provoca en la salud, destrucción de la tierra,  contaminación en las aguas y ríos y la destrucción de la selva, representan ya una catástrofe. Lejos de prohibirla, Castillo trata de llevar “tranquilidad” a los capitales mostrandose defensor de la propiedad privada y opuesto al “chavismo”. Seduce la idea de aumentar el número de explotaciones, legalizar las ilegales y darle una mayor intervención al Estado como regulador, aumentando los ingresos del Estado. Nada nuevo, más bien, profundizar el modelo extractivista iniciado por los virreyes en el periodo colonial y que hoy aplaude el progresismo.

Por este motivo decimos que se trata de un escenario abierto, en donde cualquier concesión que Castillo otorgue a las patronales irá mermando su base de apoyo, debilitándose cada vez más y hará sencillo su fracaso. Pero si, en cambio, se apoya en las comunidades indígenas de la Sierra, trabajadores mineros, docentes, construcción, agrícola, deberá necesariamente radicalizarse cada vez más a medida que aumente el boicot de las grandes patronales. La crisis política se mantiene y la inestabilidad también. Castillo, sin querer, expresa más de lo que quizá este dispuesto a hacer. Para cualquiera de los dos opciones, es la oportunidad y el desafío de la clase de  unir y radicalizar su lucha. Tal como sucede en Chile o Colombia, la clave en si la balanza se mueve en un sentido u otro, serán los niveles de movilización y organización que logre consolidar el pueblo trabajador peruano. Solo así estará en condiciones de avanzar en las conquistas de sus demandas más urgentes e importantes como la nacionalización y estatización de los recursos mineros, petroleros y energéticos, de la banca y el comercio exterior, aumento urgente de recursos para apuntalar el sistema de salud, ayuda social para lxs desocupadxs, regimentar el cuidado del ambiente, reparto de tierras para las comunidades campesinas.

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