El Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril en Colombia se transformó en una rebelión generalizada. Masivas movilizaciones, con la juventud como punta de lanza, salieron a enfrentar la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, quien, luego de 5 días de cruenta represión a la protesta, tuvo que retirar el proyecto de reforma. Sin embargo, el pueblo colombiano sigue en las calles exigiendo cambios de fondo, la caída de todo el plan del gobierno y la renuncia del propio Duque.

Huelga general ante el impuestazo presidencial

Desde finales de abril, organizaciones sociales de trabajadores, indígenas y estudiantes, pese al coronavirus, salieron a las calles de Colombia a protestar contra el proyecto de reforma tributaria que irónicamente el gobierno de Duque denominó “Ley de Solidaridad Sostenible”. 

Pero la “solidaridad” era únicamente con las grandes fortunas colombianas, ya que el gobierno de Duque buscaba recaudar cerca de 23 billones de pesos colombianos adicionales (unos US$6.300 millones de dólares) para afrontar la crisis económica debido a la pandemia por COVID-19, aumentando el IVA  (que en Colombia es del 19%) a productos de consumo básico como servicios públicos (agua, luz y gas) y objetos electrónicos como computadoras hasta ahora exentos. En otras palabras, el aumento de los impuestos se descargaba sobre las espaldas de les trabajadores. 

Sin embargo, el descontento con las medidas de Duque y el proceso de movilizaciones masivas contra el gobierno no comenzaron el 28A. Ya el 4 de noviembre de 2019 organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales habían convocado a un paro nacional para el 21 de noviembre. El pliego reivindicatorio de aquel momento contenía 13 puntos, exigiendo principalmente que se diera marcha atrás con un paquete de medidas de ajuste impulsado por el gobierno.

Tanto en 2019 como ahora, Duque respondió al pueblo movilizado con represión, con la diferencia que esta vez fue descarnada:  el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y las fuerzas parapoliciales al servicio del gobierno no han dudado en disparar con armas de fuego contra las manifestaciones. Pero  el accionar represivo no logró amedrentar a las masas movilizadas, que llevaron adelante cortes de accesos y barricadas día tras día. Como en Chile a finales de 2019, se emplearon métodos de lucha radicalizados basados en la acción directa callejera, demostrando el poder de la clase trabajadora y el pueblo cuando se dispone a luchar. 

Tras varias jornadas de protestas, el domingo 2 de mayo finalmente Duque anunció el retiro de la propuesta de ley y la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Sin embargo, estos gestos de concesión del gobierno no lograron conformar al pueblo movilizado: exigen la caída de todo el paquete de medidas que el gobierno acordó con el FMI, la OCDE y el Banco Mundial, y la renuncia del propio Iván Duque.

Iván Duque, criminal

Mientras que las organizaciones que integran el llamado Congreso de los Pueblos hacen un llamamiento a conformar una Asamblea Nacional Popular en Bogotá,  los organismos de DD.HH. continúan relevando y denunciando casos de personas desaparecidas, asesinatos policiales, centros clandestinos de tortura, diversas formas de violencia represiva y sexual. 

La Organización No Gubernamental (ONG) Temblores reveló su propio informe, donde contabiliza 3.789 casos de violencia perpetrados por la fuerza pública contra les manifestantes, 1.248 son víctimas de violencia física, 1.649 detenciones arbitrarias, 705 intervenciones violentas y 45 homicidios presuntamente perpetrados por miembros de la fuerza pública. Además, el informe señala “65 víctimas con lesiones oculares, 187 casos de disparos con arma de fuego, 25 casos de violencia sexual y seis casos de violencia relacionada a género”. Así mismo, la ONG alerta el uso de armas letales por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) contra les manifestantes

En este contexto de cruenta violencia policial y mientras el gobierno pone el foco en los cortes de rutas y accesos, Colombia además contabiliza hasta el momento 96.366 personas fallecidas por Covid, con alrededor de 24.000 contagios nuevos por día. 

Basta de ajuste contra el pueblo

Como sostuvimos en notas anteriores, la rebelión en Colombia se inscribe en un proceso de luchas que se vienen dando en la región: Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Haití, entre otros. Estos procesos expresan la capacidad de negación de la clase. Nos referimos a la capacidad de organizarse para luchar contra medidas puestas en función de la acumulación de capital que nos arrastran cada vez más a la miseria, capacidad que sin embargo no logra articular una salida política propia. 

El proceso colombiano sigue en curso y está lejos de llegar a su fin. Mientras las masas siguen movilizadas, la oposición burguesa de derecha (Cambio radical) y las fuerzas de centroizquierda (Pacto Histórico de Gustavo Petro y la Coalición de la Esperanza de Sergio Fajardo) apuestan al diálogo con Duque y a canalizar el proceso de lucha hacia las elecciones presidenciales de 2022. La burocracia sindical que comanda el Comité Nacional de Paro mantiene la movilización por la presión de abajo, pero también apuesta a la negociación con el gobierno. 

La lucha inmediata de las masas colombianas es por la renuncia de Duque, la caída de todo paquete antipopular, el esclarecimiento de los crímenes estatales, y para que la crisis no la paguen les trabajadores y el pueblo.