En el marco de ataques a todos nuestros derechos, del ajuste a jubilades, de la no implementación de la ley de emergencia en discapacidad, de la falta de presupuesto en programas de salud, este gobierno pega un nuevo salto queriendo impulsar una reforma en salud que implica un claro retroceso para la clase trabajadora y el pueblo.

Como es de público conocimiento la salud está recibiendo un ataque brutal por parte del gobierno: despidos masivos, vaciamiento y persecución a luchadores. La salud mental no escapa a esto. El vaciamiento de instituciones públicas debilita la capacidad de respuesta del sistema y limita el acceso a la atención, restringiendo cada vez más el ejercicio de derechos.

En este marco, el gobierno de Javier Milei pretende ahora impulsar una nueva reforma de la ley 26.637 de salud mental. Si bien esta ley no fue aplicada a fondo por el gobierno anterior, su sanción obtuvo reconocimiento internacional, por ser una ley que garantiza los derechos humanos.

En este sentido, las críticas que podríamos hacerle a la ley anterior deben ser enmarcadas en la falta de aplicación a fondo de la misma, dado que para poder implementarla hacía falta una reforma real del sistema de salud que no hizo el gobierno anterior y que por supuesto no está dispuesto a hacer este. Pero en términos teóricos, esa ley implicaba entre otras cosas una mirada comunitaria, basada en derechos y con una perspectiva hacia la desmanicomialización. Esta mirada apuntaba a un cambio de paradigma respecto del modelo médico hegemónico, al que se quiere volver con la modificación que impulsa el gobierno actual. Este modelo implica que el poder médico se imponga por sobre los derechos de las personas cuya salud se ve afectada.

Algunos de los puntos que pretende modificar esta ley son:

-Internaciones involuntarias: Se busca agilizar los procesos de internación cuando exista riesgo, pero dejando la decisión completa en manos de médicxs psiquiatras, sin ningún grado de respeto a la autonomía de las personas que padecen las afecciones.

-Hospitales psiquiátricos: Se está reevaluando la prohibición de crear nuevos manicomios, y la transformación de los actuales, con la posibilidad de mantener internaciones a largo plazo.

-Rol de Profesionales: Esta reforma busca actualizar los criterios de diagnóstico y atención,
con cambios a la participación de organismos civiles en el órgano de revisión.

-Presupuesto y aplicación: La propuesta de tal reforma surge ante las quejas por la falta de
implementación, la insuficiente inversión económica y las dificultades para manejar casos
complejos. Esto estaba contemplado en la ley anterior, solamente que era un equipo interdisciplinario el que decidía en conjunto con la familia y el paciente.

Estas modificaciones pueden no sonar mal si las pensamos aisladamente, pero en realidad implican un cambio de paradigma. Ante el crecimiento de la crisis de salud mental, que no va separada de la crisis social, el gobierno propone volver al encierro y el aislamiento como principal mecanismo en lugar de dejar esa opción solo para casos extremos y trabajar desde la prevención, desde la articulación de distintos abordajes, con un enfoque comunitario que apunte a mejorar la calidad de vida y dar una respuesta real a las personas que acuden a los servicios de salud mental.

El gobierno de Milei plantea que busca mejorar las respuestas del sistema sanitario ante situaciones que bajo la ley actual no encuentran suficiente amparo. Argumentan que luego de 15 años de la reglamentación, tan solo 16 jurisdicciones han adherido formalmente a la ley vigente, y que únicamente 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicio en salud mental, y 20 disponen de camas para internaciones.
Lo que sucede realmente es que existe un abismo entre lo que la normativa establece y la realidad del sistema. En principio, la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 sancionada en 2010 dispone que al menos el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental pero hoy en día ese porcentaje apenas alcanza el 1,4%. Sin financiamiento, cualquier política pública queda vacía de contenido.
En línea con esto, Hugo Kern, licenciado responsable de salud mental en el municipio de Bahía Blanca, mencionó que los problemas que se presentan en el área de salud mental no son producto de la ley actual, sino más bien los fondos que se asignan al área y la seriedad con la que se encargan los proyectos. E insistió en que se debe tener una mirada de derechos, no estigmatizante, donde las personas puedan salir adelante y donde las condiciones de vida son fundamentales. Manifestó que si cada 100 tentativas suicidas, 80 son realizadas por mujeres y de esa cantidad el 90% son por el uso de psicofármacos, esto habla de que hay una forma de entender y de tratar de solucionar el problema de salud mental que genera un nuevo problema.

Para garantizar el derecho a la salud mental es necesario construir un sistema de atención integral, con todos los dispositivos necesarios: atención ambulatoria, servicios de urgencia, espacios grupales, el fortalecimiento de estrategias comunitarias. Esto implica el desarrollo concreto de dispositivos como casas de medio camino, hospitales de día, equipos territoriales, acompañantes terapéuticos y guardias de salud mental en hospitales generales. internaciones solo cuando son realmente necesarias. La respuesta del Estado ante una problemática de salud no puede reducirse al encierro.

Entendemos la salud mental como un espacio atravesado por diferentes factores sociales, económicos, culturales y políticos. No se trata sólo de imponer diagnósticos o encierros, sino de mejorar las condiciones de vida. En este sentido, los abordajes comunitarios, basados en el respeto, han demostrado mejores resultados que las intervenciones donde se promueve el aislamiento.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que la ley actual no prohíbe las internaciones. Las regula, las ordena y las define como un último recurso terapéutico, priorizando evaluaciones interdisciplinarias y evitando prácticas centradas exclusivamente en la medicalización.

Con esta reforma se está queriendo volver a una lógica punitivista, verticalista y de retroceso en derechos conquistados. Si al gobierno realmente le importara la salud mental, aumentaría el presupuesto en el Hospital Garrahan o el Laura Bonaparte. Por el contrario, desde que asumieron no hacen más que atacar esos espacios que son pioneros en Salud Mental. 

Necesitamos un sistema de salud inclusivo, accesible y basado en derechos, donde no haya lugar para la estigmatización, la discriminación y la violencia de las instituciones.
La salud mental es un derecho humano básico y elemental. Sobre todo en tiempos de crisis económicas, pues es sabido que cuando las condiciones materiales de existencia están amenazadas, aumentan los padecimientos psíquicos.

Sin salud mental no hay salud.

PRC, 22/04/26.