Un gobierno dentro del consenso neoliberal
El 10 de junio se cumplirán 6 meses desde que asumió un nuevo gobierno en Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, quien cuenta con buena imagen popular debido al tratamiento social de la pandemia del Coronavirus -que lo ubica entre los ejecutivos que aparentemente han priorizado la salud por sobre la economía-, pero que, a trazos gruesos, en sus políticas estructurales, no ha desandado hasta aquí el camino neoliberal. Aquí, un balance en varios aspectos de su gestión.

El gobierno de Alberto Fernández ganó con la promesa de “encender la economía” apagada por el gobierno de Macri.
Asumió el 10 de diciembre y el 20 de marzo declaró temprana y oportunamente el aislamiento social obligatorio en todo el territorio nacional para enfrentar la pandemia del Coronavirus.
El tratamiento de la problemática sanitaria lo ubicó a nivel internacional entre aquellos jefes de Estado que habrían priorizado la salud de la población. Los resultados positivos de esa determinación, que se veían plasmados en la evolución de contagios, fallecimientos y uso de camas de terapia, fue cediendo a la presión de las patronales que insisten en poner a cualquier costo las fábricas en funcionamiento.
Más allá de la cantidad de fallecidos en los países de la región (para lo cual hay que tener en cuenta la población total), la evolución de los fallecidos es de las más bajas del mundo: 0,0006, esto es 6 fallecidos por millón de habitantes. La imágen del presidente aparece fortalecida y sus decisiones, según las encuestas, cuentan con amplio concenso. De todos modos, y a la luz de la disparada de contagios recientemente en las villas, vale preguntarse si la política del gobierno apuntaba realmente a privilegiar la salud o al sistema sanitario.
Si bien 5 meses es muy poco tiempo para hacer un balance cerrado sobre la gestión de un gobierno, es posible analizar objetivamente en sus rasgos generales y en sus políticas más importantes los ejes centrales de su gestión hasta aquí.
Ello nos lleva a concluir que el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno que se mantiene en el consenso neoliberal -es decir, cumpliendo con los rasgos fundamentales de este modo de acumulación capitalista- pero con un discurso diferenciado, mezcla de Universidad Pública, keynesianismo económico y reivindicación de los humildes.

Un gobierno al son de la deuda externa
Desde que es gobierno -inclusive antes-, la gestión de Alberto Fernández ha girado y aún gira en torno a la resolución de la deuda externa, en principio, con un sector de los bonistas privados.
Incluso en el marco de esta crisis sanitaria y económica que atravesamos, donde grandes franjas de la población -más de 12 millones de personas solicitaron el subsidio IFE- están sin ingreso fijo, el gobierno mantiene como prioridad central la negociación para la cancelación de las deudas con el capital financiero internacional de origen privado.
Para congraciarse con la usura internacional, Fernández hace unos meses salió a mostrar capacidad de ajuste, solvencia fiscal, voluntad de pago y, como parte del consenso neoliberal, echó mano a la caja jubilatoria del ANSES, robando derechos adquiridos a todxs lxs trabajadorxs pasivxs que cobraban en ese momento por encima de 19.600$, en el marco de la sanción de la Ley llamada de Emergencia Económica y Solidaridad.
También,es justo decir que actualizó los gravámenes de retención a las exportaciones de las patronales rurales, uno de los sectores capitalistas más concentrados de la Argentina. Desde el Ejecutivo Nacional se encargaron igualmente de explicar de mil formas la medida a la oligarquía para evitar su enojo, remarcando que los porcentajes eran los mismos que los que había instalado Macri. Pese a esos esfuerzos argumentativos, las patronales rurales realizaron medidas de fuerza.
Por otra parte, Alberto Fernández declaró que entre los bancos -uno de los sectores más favorecidos por el gobierno anterior- y los jubiladxs, elegía sin dudar a estos últimos. Y así fue que, para darle un fuerte gesto al capital concentrado internacional, confiscó el incremento correspondiente a lxs jubiladxs en forma canalla, y hasta la fecha no ha tocado los intereses de la banca. Ni siquiera ha dejado de pagar la usura de las LELIQ con las que los bancos hicieron tremendos negocios a costa del pueblo.
En fin, para Aníbal Fernández la deuda no se cuestiona y se avanza en su resolución a libro cerrado. Se acepta sin chistar la herencia recibida. No está en los planes del gobierno efectuar un default soberano. No se quiere investigar, conocer el origen y destino de esos millones, ni por qué, pese a los cuantiosos fondos girados al país, la población argentina está hoy más empobrecida. Y se confronta con los fondos de inversión privados con una insistente voluntad de pago y en el marco de una relación casi carnal con el FMI.
Hasta aquí y en tal sentido, el manual del consenso neoliberal intacto.
Un gobierno al son de las embajadas de EEUU e Israel
La política exterior desarrollada hasta aquí por el gobierno de Fernández también estuvo atravesada por la deuda externa. Así, las embajadas yankee y sionista marcan los pasos del gobierno en política exterior.
En el único viaje al exterior que alcanzó a realizar, el presidente visitó Israel para congraciarse con los poderosos del mundo, convencerlos de que la deuda del país era insostenible y que lo apoyen en la negociación con los bonistas, gestión que hasta aquí le resultó. Un solo presidente argentino hizo antes la misma visita que Alberto Fernández a Israel y fue Carlos Menem.
A la vez, el ministro de economía Guzmán le discute a los bonistas con los argumentos que le escribe el FMI, y se apoya en el organismo financiero internacional que domina EEUU para plantarse a los privados. La relación de afinidad en términos de política económica entre la actual titular del Fondo Kristalina Giorgeva y el ministro de economía Martín Guzmán nada tiene que envidiarle a la relación entre Christine Lagarde y el ex ministro Caputo.
Es preciso resaltar que Argentina bajo la conducción de Alberto Fernández y hasta la fecha continúa siendo parte del Grupo de Lima, un grupo de gobiernos organizados por la OEA básicamente para asediar a gobiernos no alineados a EEUU como Cuba, Venezuela, o Nicaragua -y en su momento Bolivia-, y que reconoce a Guaidó como presidente de la República Bolivariana. Si bien el gobierno argentino en ese marco ha tenido diferendos o no acompañó determinadas declaraciones, es parte integrante de ese grupo estratégico de la política imperialista para el continente a pedido de los yankees.
Hasta aquí, la política exterior del gobierno de Fernández ha seguido el manual del consenso neoliberal clásico y no se percibe atisbo alguno de soberanía o independencia política del imperialismo. La política exterior, en efecto, viene siendo marcada por la deuda externa y los grandes capitales concentrados internacionales, las embajadas de EEUU e Israel, y el FMI, retomando de esa forma la mejor tradición menemista.
Hay que decir que estas políticas impulsadas por el nuevo gobierno no son resultado de buenas o malas intenciones por parte de los funcionarios, no se trata de cuestiones morales, ni de mejores o peores capacidades de gestión. El capitalismo, en su fase histórica imperialista, ha impuesto en esta etapa el neoliberalismo como modelo de acumulación. Es decir, no hay capitalismo no neoliberal. Por eso la política exterior del gobierno se enmarca en esos consensos.
Sólo una ruptura revolucionaria por parte de la clase trabajadora con el capital podría diseñar una política internacional diferente.
Un gobierno que financia el capital con el esfuerzo obrero
El gobierno de Fernández está efectuando una importante erogación de dinero público para intervenir en la crisis económica agravada por el parate productivo como consecuencia de la pandemia.
Tales lineamientos del gobierno local no están por fuera de la lógica de todos los gobiernos de todos los países del mundo ante el COVID-19, independientemente de su perfil ideológico y la actitud y sensibilidad ante la vida de la población, si priorizan la salud o la economía.
Más allá de la épica local acerca del “Estado presente”, todos los gobiernos del mundo afectados por la pandemia están saliendo al salvataje económico para amortiguar lo más posible el golpe que significa esta nueva crisis que profundizará la que ya estaba en curso. En este marco, los Estados están saliendo principalmente al rescate y salvaguarda de los capitalistas y, a su vez, de la población trabajadora más desamparada.
En el orden local y con el fin de analizar la política económica del gobierno, el asunto es ver de dónde salen mayormente esos cuantiosos fondos y adónde van a parar mayormente. Aquí es dónde se revela también el carácter neoliberal de la actual gestión peronista.
La mayor cantidad de plata que el “Estado presente” destina al rescate social proviene de la ANSES. O sea, no es el Estado en general sino más precisamente la caja de la seguridad social de lxs trabajadorxs pasivxs y activxs la que financia las principales medidas de la política económica de Fernández ante la crisis.
Buena parte se destinó a subsidios de todo tipo (como incrementos a la AUH y otras asistencias sociales) y a garantizar el nuevo subsidio IFE a quienes no contaban con ningún tipo de ingreso, así como ha servido concretamente para alivianar la situación económica apremiante de vastos sectores de la población. Pero el grueso de los fondos de la ANSES están yendo a asistir financieramente con créditos a tasa cero a los empresarios -para que conserven su propiedad privada- y hasta en su obligación elemental de abonar los sueldos por medio de la asistencia llamada ATP.
Así, se les ha dado exenciones impositivas para afrontar su “crisis” otorgándole beneficios, desde el pago de una parte del salario obrero por parte del Estado (teniendo como tope dos salarios mínimos, vital y móvil, es decir hasta $33.750), hasta la suspensión por dos meses de los aportes patronales, ya de por sí bajos, que son una fuente de recursos para financiar justamente el ANSES.
Los empresarios más poderosos y ricos del país como Magneto de Clarín, Madanes Quintanilla de Fate y Aluar, Paolo Rocca de Techint piden a la Anses que le paguen los sueldos a sus empleadxs, mientras hacen lobby -hasta ahora eficazmente- contra un impuesto a las grandes fortunas, según el propio gobierno, por única vez.
En resumen, un gobierno que se hace de millonarios recursos echando mano a la caja jubilatoria ocasionando su desfinanciamiento, y financiando con ello mayormente a los ganadores de siempre, los empresarios, a quienes a su vez los exime de obligaciones mínimas, no puede ser tildado de progresista; más bien se mantiene en el consenso neoliberal.
¿Un gobierno feminista?
Parte de la campaña electoral gobierno fue el slogan “es con todes”, haciendo alusión al lenguaje inclusivo, buscando que el activismo de la ola feminista se sume y se sienta representado por este gobierno, a la vez que se llamaba explícitamente a unir pañuelos celestes y verdes.
Pero a los pocos días de asumido, el ejecutivo nacional planteó que iba a presentar un proyecto por el aborto legal, otro distinto al del movimiento feminista, éste último consensuado a lo largo de años de lucha y defendido en las calles por millones de activistas que construyeron históricas jornadas como la de 2018 cuando se debatió en el Congreso. Así, de buenas a primeras, este gobierno decidió darle la espalda al movimiento de lucha y hacer un proyecto propio que hasta el día de hoy no fue presentado.
El gobierno de Fernández a la vez creó un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que en la práctica demostró hacer agua en lo que respecta a los derechos de las mujeres y las disidencias. Poco y nada ha hecho para revertir el bajísimo presupuesto destinado contra las violencias, lo que quedó demostrado ante el aumento de la violencia intrafamiliar a costa del aislamiento de las mujeres con parejas violentas, o lxs niñxs con sus abusadores, lo que se constata en el incremento en un 40% de llamados al 144 y la cantidad de víctimas de feminicidio y travesticidio que lamentablemente también se vieron incrementadas en los últimos meses.
A poco de cumplirse 180 días de gobierno, nada se habló de las faltantes de hormonas para la comunidad travesti-trans, ni se habló del histórico reclamo por el cupo laboral travesti-trans.
Conviven contradictoriamente el discurso sanitarista del gobierno con la realidad: el papel indispensable que las mujeres y disidencias jugamos para enfrentar el coronavirus. En gran medida, trabajos esenciales de cuidado (en salud, en geriátricos, en el hogar, por ejemplo) son trabajos feminizados, es decir, atribuidos socialmente a lo femenino.
El desarrollo histórico demuestra que el capitalismo patriarcal no sólo subsume lo femenino a estas actividades, sino que les atribuye un menor valor. Por ese motivo, encontramos allí bajos salarios, gran cantidad de trabajo informal y precarización.
Desde ya que ésta es la realidad en gran parte de la clase trabajadora, pero la desigualdad se profundiza cuando se analiza, por ejemplo, la distribución de salario o informalidad por género.
Hay que señalar que el gobierno tiene política hacia el movimiento feminista, logrando que un sector autodenominadas feministas, queriéndose atribuir la representación del conjunto del movimiento de lucha, laven la cara de esta realidad y no denuncien ni exijan al Estado opresor. No sólo se han retirado de la calle y boicoteando distintos espacios de organización, sino que además, a pocos meses de que todo el movimiento feminista saliera a la calle con la consigna consensuada “La deuda es con nosotrxs, no con el FMI”, se han pronunciado públicamente avalando el pago de la deuda externa fraudulenta, cuyas consecuencias, como venimos explicando, recae sobre mujeres, disidencias y el conjunto del pueblo trabajador.
Así, el pedido hecho por Cristina Fernández y el Frente de Todos en su momento de unir pañuelos verdes y celestes en pos de una causa mayor -sacar a Macri- ha resultado hasta aquí en la postergación de las demandas del movimiento feminista y la imposición de la voluntad de los sectores oscurantistas antiderechos.
Un gobierno que en materia de DDHH invita a dar vuelta la página
Desde el inicio el gobierno de Alberto Fernández buscó la utopía de la reconciliación entre las fuerzas represivas y la sociedad, invitando a “dar vuelta la página”. Estas escenas de intento de perdón a las Fuerzas Armadas ya las hemos visto en el pasado.
El discurso de defensa de los DDHH que levanta el kirchnerismo choca con la realidad una y otra vez. Sirve para hacer política en la grieta y quedar como “los buenos” frente al descaro con el que Macri o Bullrich reivindican la dictadura o hablaban de “guerra sucia”. Pero en el kirchnerismo se viene de bajar el cuadro de Videla, se paso al abrazo de Hebe De Bonafini con Milani, ahora los llamados a dar vuelta la página, y la reivindicación de que hoy todos los oficiales del ejército fueron formados en la democracia.
Esta democracia es la misma que sigue practicando el gatillo fácil, las torturas en comisarías y cárceles, los verdugueos en las barriadas por parte de gendarmes, prefectos y policías. Son innumerables los episodios represivos protagonizados por las fuerzas estatales estos meses y especialmente durante el confinamiento. Mientras la cuarentena avanzaba, las policías de todas las provincias y la gendarmería aplicaron prácticas de control territorial basadas en las torturas, los “bailes” y la represión abierta.
Mención aparte por su brutalidad aparecen los casos del trabajador rural Luis Espinoza en la provincia de Tucumán gobernada por Manzur, caso que incluye su asesinato y desaparición forzada, y el de la comunidad Qom en la provincia de Chaco gobernada por Capitanich -también del Frente de Todos-, que implicó torturas, amenazas de muerte y violaciones a toda una familia.
A esto debemos sumar el caso del frigorífico Penta en el partido sureño de Quilmes donde la policía bonaerense reprimió a los obreros mientras el Estado nada hizo hasta la fecha contra el empresario K Bruzzese, el dueño que dejó sin laburo a 240 personas en medio de la pandemia. También en Bed Time, al norte de Buenos Aires, la policía fue a apretar a los obreros que ocupaban la planta, aduciendo que violaban la cuarentena, mientras dejan a los dueños que despidan y rebajen salarios, algo prohibido por el decreto presidencial que estableció la cuarentena.
En fin, en términos de DDHH, Fernández está lejos de la “guerra sucia” de Macri y Bullrich como lo está también de una política de DDHH que reivindique el proyecto revolucionario de lxs 30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs. Su propuesta de dar “vuelta la página” va en contra de una consecuente política de Memoria Verdad y Justicia en Argentina, contra la represión de ayer y de hoy.
Un gobierno que cuida a “los miserables”
Hasta aquí, en estos 6 meses de gobierno, hay algunas fotos muy significativas. Bajo el lema “es con todos”, Fernández se ha sentado siempre a la mesa junto a los poderosos del país.
Sin duda se destaca aquel encuentro en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) donde se lo vio a Alberto Fernández junto a los empresarios más poderosos a cuya cabeza estaba Magnetto, a quien el presidente llama “Héctor”, el que no le “deja mentir”.
Hasta aquí el gobierno no ha cuestionado la concentración existente en materia de medios de comunicación y telecomunicaciones, tampoco en particular la fusión entre Cablevisión y Telecom aprobada por el gobierno macrista. Se entiende como una continuidad de la aprobación en 2007 de la fusión Cablevisón y Multicanal. Tampoco se ha hablado oficialmente de retomar siquiera la ley de medios sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández.
En medio de la cuarentena, donde en el ámbito educativo se pasó a la modalidad virtual y donde el acceso a los medios tecnológicos de parte de las familias pobres ha impedido el vínculo pedagógico, es necesario el wi-fi gratuito para estos sectores que no pueden afrontar por alguna razón la conectividad. Sin embargo, hasta aquí desde el gobierno no se le ha exigido a las empresas de telecomunicaciones esta demanda elemental en el marco de la educación a distancia que se prolonga.
También, en ocasión del Consejo contra el hambre, Fernández ha convidado a participar a distintos burgueses como Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía SA, una de las empresas líderes en el negocio energético, de los sectores más enriquecidos durante el macrismo a través de los tarifazos. Así, bajo el pretexto de “es con todos” pretende, al mejor estilo menemista, lavarle la cara a este ladrón de la riqueza del país, integrándolo a su estrategia política para que se concilien con la sociedad, a quien Mindlin -así como tantos otros- literalmente le robó fortunas.
Cada vez que el presidente se reúne con empresarios, aparece un nuevo avance sobre los derechos obreros, o un avance más en la flexibilización de la cuarentena en favor de las patronales. Del último encuentro en Olivos junto a las cámaras empresariales y sindicalistas de la CGT, surgió la rebaja salarial hasta del 25% del salario y la asistencia financiera a las firmas, ya prorrogada por 60 días más. A cambio, la burguesía concentrada dió su apoyo pleno a la oferta del gobierno a los bonistas, justamente para que los empresarios puedan en el futuro inmediato volver a los mercados de capitales y financiarse.
Por otra parte, el grueso de la ayuda financiera del “Estado presente” que, como ya dijimos, surge del ahorro obrero en la ANSES, no se destina en su mayor parte a los sectores más desprotegidos de la población sino a las empresas y a la manutención de su negocio.
Recordamos que en el marco de la pandemia y para afrontarla de la mejor manera, el ministro de Salud Ginés González García sugirió acertadamente la centralización de todo el sistema sanitario público y privado bajo un comando único. Sólo 24hs duró la iniciativa, que seguramente iba a contar con gran apoyo popular. La misma se descartó tras una reunión con los empresarios de la salud y los laboratorios.
También estuvo -o está, nadie sabe- la iniciativa de gravar con un impuesto extraordinario a las grandes fortunas del país con el objetivo de hacerse de recursos económicos para afrontar la crisis, algo sumamente elemental. Varias semanas se estuvo dando vueltas con ese tema y detrás de una sesión legislativa para tratarlo, pero a la fecha el proyecto desapareció del temario de las cámaras -a no ser por el proyecto presentado por el FIT-U-, y el gobierno a través de su bloque legislativo se dispuso a trabajar con la derecha sobre los temas de consenso, evitando polémicas innecesarias en el recinto.
Aún suponiendo que en algún momento ese impuesto se haga efectivo -ojalá, y no sólo por única vez-, con los subsidios para salarios otorgados a esas mismas patronales, prácticamente el propio Estado está pagando por adelantado ese impuesto con recursos producidos por las y los trabajadores, claro.
Hay quienes, en este marco, sostienen que Alberto Fernández tiene buena voluntad y quiere avanzar pero los poderosos no lo dejan, o bien lo presionan y debe ceder. En esta hipótesis el presidente sería una víctima de los poderes de facto. Hay otros que dicen que el gobierno trata de mediar entre los empresarios y lxs trabajadores y el pueblo pobre, buscando el equilibrio, porque la relación de fuerzas no da para otra cosa.
Nuestra evaluación es que Alberto Fernández es la viva y directa voz de los empresarios, sólo que mediada por el arte de la conducción política, de la conveniencia y la administración estatal. No es algo distinto, no está al margen, ni es un comentarista de la realidad. Alberto Fernández es la cabeza del capital concentrado y en tal sentido un capitalista más.
Por un gobierno que haga real eso de Neoliberalismo nunca más
Tras 180 días en el ejercicio del poder, está claro que hasta aquí, en sus trazos gruesos, el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno capitalista dentro del consenso neoliberal y patriarcal, rasgos esenciales de su gestión que no se le quitan por más que, en cuanto al tratamiento de la pandemia, venga hablando como un humanista a quien realmente le importa la vida de cada persona.
Sin embargo, el impacto del virus en las villas desnuda que ese humanismo no deja de ser de clase: el virus hace mas daño en villas y barrios pobres. Cada muerte es, en los hechos, un crimen social, cometido por las patronales y el gobierno, que generan las condiciones para que todo sea siempre peor para el pueblo trabajador.
El neoliberalismo no es un modelo más dentro del capitalismo. El neoliberalismo es la fisonomía misma del capital con la victoria de la burguesía a nivel mundial tras la derrota de los proyectos revolucionarios en los 70 y 80, post caída del muro de Berlín y a partir del Consenso de Washington.
No hay dos modelos en pugna en el mundo. Está el neoliberalismo, con presidentes y gestiones más descarnadamente patronales y desalmadas, o con representantes y conducciones políticas más humanistas y consideradas en lo social. Punto.
Los matices de gestión son el reflejo distorsionado de la lucha de clases. Allí donde hay lucha y organización, allí donde se enfrentan las consecuencias de la explotación del capitalismo, allí aparecen gestiones humanistas o neokeynesianas o supuestamente reformistas, como respuesta a la lucha obrera y popular. Otras veces, allí donde hay lucha, el poder se cierra sobre sí mismo, forzando crisis de legitimidad y hegemonía y desnudando el carácter último del Estado burgués, la coerción y la fuerza bruta para mantener el “orden”.
Desde ya, hay quienes dirán que 6 meses -a lo que debemos sumar la pandemia- es muy poco tiempo para efectuar modificaciones trascendentales que puedan cambiar la dirección de los acontecimientos, y poder hacer un juicio determinante y cerrado, en este caso sobre el gobierno de Alberto Fernández.
Sin embargo, es objetivo que hasta aquí el gobierno en sus rasgos estructurales se limitó a tomar a libro cerrado la herencia macrista y administrarla, andando por los mismos caminos trazados por su antecesor, tratando de congraciarse con los poderes concentrados del capital internacional y nacional. Diríamos que un gobierno neoliberal, pero de escuela pública.
Es una utopía pretender combatir el neoliberalismo con las armas melladas del propio sistema capitalista. Para hacer real aquello de “Neoliberalismo nunca más”, consigna vitoreada por los propios sectores del actual gobierno, no alcanzan ni sirven medidas progresistas o cosméticas -como darle más a los que menos tienen, en la perversa idea que tener más es tener un sueldo de más de $20.000- pero que no son parte de un proyecto de cambio profundo, de verdadera justicia social.
Para derrotar en forma determinante el capitalismo neoliberal y patriarcal, el único sendero posible es el de la revolución, la apropiación de los medios de producción y el poder de la clase trabajadora a la cabeza de un nuevo Estado con un proyecto feminista y socialista que administre la riqueza social con la más plena democracia obrera.