Casi en simultáneo a la avanzada judicial sobre la vicepresidenta Cristina Fernández en la llamada causa “Vialidad”, se da el anuncio por Boletín Oficial de una serie de recortes del presupuesto 2022 en varias áreas como salud, educación, obra pública, entre otros, configurando un ajustazo. Desde la clase trabajadora debemos promover acciones para enfrentar el ajuste gubernamental en curso con paros y movilizaciones. 

La “persecución” política

La imparcialidad vergonzante del sistema judicial argentino ha escrito un nuevo capítulo con la causa Vialidad. Allí se acusa al kirchnerismo -ya desde tiempos de Néstor- de construir relaciones comerciales con empresarios aliados que de pronto se hicieron cargo de importantes proyectos de obra pública, sobre todo vinculada a la construcción de rutas.

Si bien la causa no señala pagos por obras no realizadas, sí hace hincapié en beneficios en los pagos que estos proveedores del Estado habrían tenido por sobre otros. Empresarios como Lázaro Baez y funcionarios como José López o Julio De Vido están en el ojo de la tormenta pues está sobradamente demostrada su vinculación con el riñón kirchnerista. 

Días atrás, el fiscal Diego Luciani hizo un estridente alegato acusando a Fernández de ser la jefa de este entramado de corrupción pidiendo 12 años de cárcel y la inhibición de por vida para ejercer la función pública. Si bien los vínculos políticos son hace rato conocidos, hay pocas pruebas concretas que la incriminan directamente. La pompa de Luciani, convertido en un vocero de la indignación gorila más rancia y el rebote de éste en los medios, deja a las claras el intento por obstaculizar que la ex presidenta juegue un papel en las próximas elecciones.

El martes al mediodía, previo anuncio en sus redes sociales, Fernández hizo una cadena nacional de hecho presentando su análisis de dicha causa. La existencia de documentación, que forma parte de la misma pero que es dejada en un segundo plano por parte de los fiscales, demuestra también con mucha claridad la vinculación de los empresarios involucrados con figuras del macrismo como Nicolás Caputo e incluso con Socma, la empresa de la familia Macri. De manera que, con gran habilidad y fácilmente, la vicepresidenta puso en evidencia la imparcialidad ridícula de la acusación por parte de la fiscalía. Sin embargo, en el mismo movimiento, y casi con la convicción de quien sabe que está con el barro hasta el pecho, demostró que los manejos discrecionales, fraudulentos y corruptos del ex presidente Macri y sus aliados los emparentan, muy íntimamente, con maniobras discrecionales, fraudulentas y corruptas de funcionarios kirchneristas. Es decir, que el circo mediático y judicial que utiliza la oposición para intentar impedir a Cristina futuras postulaciones resultó también ser muestra cabal de la corrupción endémica que políticos a ambos lados de la grieta practican hace añares.

Es que la corrupción es un entramado de relaciones necesarias para el desarrollo de los negocios capitalistas. Allí donde la legalidad debe marcar jurisdicción para mantener su apariencia respetable frente al conjunto de la sociedad (o bien porque se trata de derechos conquistados), aparecen maniobras ilegales de todo tipo. En este caso, utilizando las posiciones ocupadas dentro del Estado para favorecer el acceso a negocios relacionados con la obra pública. En el gobierno de Macri, centralmente para tomar deuda en dólares y que los empresarios amigos -que muchas veces eran los mismos funcionarios de Cambiemos- puedan fugar sus divisas al exterior. Y actualmente, estamos ante las influencias que tiene el macrismo en la “Justicia” para avanzar contra la principal dirigente que tiene el Frente de Todos. La arena judicial sirve para dirimir disputas políticas entre bandos capitalistas que, por supuesto no son iguales, pero que tienen el común denominador -histórico en nuestro continente- de utilizar las arcas estatales como trampolín para posicionarse en un lugar de ventaja para realizar y defender sus ganancias.

Pero desde ya que esto no es nuevo. Mucho menos para la clase obrera y el pueblo, que cuenta con siglos de persecuciones injustas, causas inventadas y sentencias infames. No hace falta remitirnos a los mártires de Chicago, muertos en la horca a fines del siglo XIX por luchar por la jornada de 8 horas. Mucho más cercanos en el tiempo y en nuestro propio país podemos mencionar el caso de los petroleros de Las Heras condenados a perpetua en 2014 por luchar por puestos de trabajo en la Patagonia, acusados de un crimen que no cometieron. En este caso no hizo falta tanto circo, más bien al contrario, la sentencia se logró con cerco mediático y declaraciones arrancadas a fuerza de tortura por la propia policía santacruceña. Con la solidaridad de clase y la movilización logramos que no los encarcelaran, pero hasta el día de hoy siguen con la condena firme. 

Así, hay sobrados ejemplos que demuestran que la “Justicia” es una justicia con contenido de clase, que castiga en función de los intereses patronales y que, para que lxs oprimidxs podamos terciar en ella, tenemos que presionar con la movilización popular.

El hecho sí novedoso es que en los últimos años el poder judicial en varios países de la región fue la herramienta privilegiada para derribar sectores políticos no alineados con la burguesía más concentrada, retrógrada y más afín al imperialismo yanki, reemplazando así el papel que hasta hace unas décadas solían jugar los militares. No es objetivo de esta nota analizar este viraje: sólo diremos que no hace falta acudir a los cuarteles cuando está tan instalada la ilusión que las instituciones “democráticas” son las mejores garantes para decir qué es justo y qué no.

Desde el PRC sostenemos que, ya sea con implicancia directa o no de la vicepresidenta Fernández, éste y todos los gobiernos hacen de la corrupción un elemento de maniobra para salvaguardar sus intereses (o de empresarios aliados, da igual) y mantenerse en el poder. La disputa por el gobierno se transforma no solo en la forma en la que se comanda el Estado en su totalidad, sino en la que se coloca a tal o cual sector patronal en un lugar de privilegio en relación a sus oponentes, incluso cuando se trate de otra fracción capitalista. Los verdaderos “planeros” son los empresarios de todo pelaje que necesitan como el agua al Estado, ya sea en su rol de gendarme, ya sea para revitalizar los procesos de endeudamiento (ver una explicación acá y acá), ya sea para hacer enormes negocios con la obra pública.

El gobierno del ajuste

Un día antes de la defensa de Fernández, se hacía público un nuevo salto de calidad del ajuste en curso. Las demandas del FMI no terminaban con tener que aumentar tarifas y no cobrar nuevos impuestos a los ricos, sino que implican un achicamiento del gasto público. Son miles de millones de pesos que se recortarán de áreas como salud, educación, vivienda, transporte, etc., y que se destinarán al Tesoro Nacional para pagar vencimientos de deuda. De este modo, los tenedores de bonos de deuda son beneficiados por la política del gobierno de los Fernández y Massa, a costa de un mayor empobrecimiento del conjunto de trabajadorxs -formales e informales-.

El ataque judicial a la principal armadora política del gobierno, en su ridiculez, le dejó servido en bandeja al oficialismo olvidar por un rato sus profundas grietas internas y cerrar filas frente a su principal competidor. La crisis social vigente y el golpazo de estas nuevas medidas de ajuste no importan. “La oposición macrista atenta a la democracia y no hay que permitirlo, porque si vuelven al poder es el retorno de la derecha que ajusta, devalúa el salario y genera más pobreza”, dice la dirigencia peronista con gran hipocresía.

Movilización por salario, no para defender ajustadorxs

Sobre el remate de su defensa, Fernández decía “no vienen por mí, vienen por ustedes, por sus salarios, por las jubilaciones”. Y tiene razón: en general, pocas veces millonarixs poderosos terminan tras las rejas, menos con causas tan floja de papeles. Pero omite un elemento clave, porque por “nosotros, nuestros salarios y jubilaciones” ya están avanzando, en estos tres años de gobierno del Frente de Todos y ni hablar con lo perdido durante el macrismo. La afirmación correcta de la vicepresidenta es una verdad autoevidente, porque lo que anticipa que va a ocurrir, ya está ocurriendo. Y el gobierno del forma parte es responsable.

El debate que se cuela en cada fumadero, en cada sala de profes, en cada oficina o en medios de transporte debe dejar de ser si “¿es chorra o no?” “¿le están haciendo una cama?” “¿hay que defenderla?” y cambiarla por ¿cómo hacemos para que no nos vendan más humo y salgamos a decirle basta a este gobierno ajustador? Nada tenemos que hacer lxs laburantes entre las peleas de ellxs. 

Si hay una situación verdaderamente escandalosa e insoportable es el golpe que una y otra vez cae sobre nuestros bolsillos, sobre nuestras condiciones de vida, sobre la angustia de no saber cómo hacer para llegar a fin de mes. Si nos corren el eje, perdemos como clase, pierde nuestro salario, nuestra salud, nuestras familias. Nuestras discusiones deben ser cómo imponer a nuestros sindicatos medidas de lucha para dejar de ser siempre la variable de ajuste. 

Desde este punto de vista, se convierte en un sinsentido movilizarse para defender a quienes son responsables directxs de los padecimientos actuales. Si hay movilización necesaria, es para que se vayan estxs y lxs anteriores ajustadores, que no quede ni unx solx. 

Pero este estado de deliberación y movilización son condiciones necesarias para romper con esta lógica perversa y necesariamente corrupta que tiene el capitalismo. No hay otro camino más que construir poder obrero y popular para terminar con la falsa grieta entre ajustadores y que seamos lxs trabajadorxs quienes gobernemos.

PRC, 26/08/22.